La presidente de la entidad, Claudia Fernández, dijo que ya están haciendo un gran esfuerzo para seguir dando trabajo todos los días. Se reclama una compensación, como la reducción de aportes patronales, y además prevén sentarse con gobierno y municipio ante la fuerte presión fiscal en Ushuaia.
La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, fue consultada sobre el pedido del presidente Macri al sector privado para que pague el bono de cinco mil pesos, y la posibilidad de que se decida la obligatoriedad.
“Es hermosa esta voluntad que tiene el Gobierno nacional. Nosotros no estamos en contra de los asalariados, por el contrario, estamos trabajando todos los días para darle empleo. Somos conscientes del deterioro que produjo la inflación en sus sueldos. Esta medida sería obligatoria para el personal registrado, y otra vez esto alienta la informalidad”, expresó.
“Los que pueden pagarlo son los menos, porque para la mayoría se hace imposible este pago. Ha crecido mucho el índice de venta informal, desde la cantidad de vendedores ambulantes en la calle a los ‘showrooms’ que funcionan en domicilios particulares. Nosotros pagamos la luz comercial, el gas, los sueldos, y vemos que entran vendedores que traen desde una ensalada hasta una cartera. El que está registrado tiene que seguir pagando y la situación es de un ahogo financiero. La UIA está en contra, la CAME está en contra, también la Cámara Argentina de la Construcción”, dijo.
Hay una posibilidad de que no se considere obligatorio o que se considere a cuenta de impuestos o de crédito fiscal, pero “eso lo tiene que resolver cada una de las provincias, y otra vez las provincias van a estar perdiendo plata por decisiones de la nación”, manifestó, por lo cual la contrapropuesta es “descontar de los aportes patronales y hay que ver si el gobierno está dispuesto. Ya hubo una reunión previa de las cámaras empresariales y creemos que es una necesidad el bono, por lo que ha pasado con los sueldos, y nosotros también necesitamos plata en la calle para poder vender. El problema es cómo pagamos ese bono y de dónde sale el dinero”, remarcó.
Consideró que “esta medida es para pasar el momento y para llegar a octubre, y nosotros queremos llegar a seguir teniendo nuestro negocio”, diferenció del interés electoralista del macrismo, distante del día a día que viven las pymes e incluso comercios de envergadura.
“Yo he recorrido los supermercados más grandes y vemos que hay cuatro cajas funcionando y no hay gente en espera. Las góndolas están abarrotadas de mercadería porque no se vende. Hoy no hay con qué pagar este bono, además la paritaria que se firmó a nivel nacional fue la más grande y es la primera vez que superamos a los Camioneros. Hay un tramo que se va a tener que ajustar a fin de año y no hay con qué pagar más”, señaló.
Dio cuenta de la decisión de lanzar una encuesta “en la que pedimos a los comerciantes que nos informen la cantidad de empleados que tuvieron en 2017, 2018 y 2019, que nos ayuden a visibilizar en su cuadra cuántos comercios han mutado y cuántos han cerrado definitivamente, para poder tener números concretos. Siempre hablamos de la pérdida de puestos de trabajo, pero no tenemos cuantificado el número. Yo tengo un negocio muy chiquito y a diario recibo entre cinco y diez curriculums. Es diario y es toda gente que se quedó sin trabajo y busca una solución. Nosotros somos los segundos dadores de puestos de trabajo de la provincia, ya empezaron a llegar las respuestas a la encuesta y esperamos organizar ese trabajo para sentarnos con el gobierno”, adelantó.
Por otro lado se la consultó sobre la decisión del Concejo Deliberante de Ushuaia de habilitar al Ejecutivo a implementar un plan de facilidades de pago en 18 cuotas. “Creo que podría haber salido por decreto y hubiera sido mucho más fácil. Ahora vamos a trabajar con el Ejecutivo para ver la posibilidad que tienen, porque la situación está muy complicada. Nosotros calculamos que hay entre un 50 y un 60 por ciento que está incumpliendo con el pago de los impuestos municipales”, alertó.
“Con la AFIP estábamos en una situación muy delicada y, como nos embargaba las cuentas, la prioridad de pago estaba ahí. Con la municipalidad lo vamos tirando para adelante y cuando vienen a intimar, vemos. Nosotros tenemos una diferencia de impuestos municipales con Río Grande de un 45 por ciento”, aclaró, con un fuerte cuestionamiento a la presión fiscal en la capital fueguina.
“La gente nos dice cómo puede ser que en Río Grande las cosas estén más baratas, y esta diferencia de impuestos tiene que ver con la formación de precios. Los alquileres en Ushuaia son el 38 por ciento más caros que en Río Grande, las tasas municipales, el 45 por ciento más caras, la carga social es del 80 por ciento y Río Grande paga el 60 por ciento. Todo eso hace a la formación de precios y en algún lado lo tenemos que trasladar. La patente es casi el doble de lo que se paga en Río Grande y ahí tenemos que empezar a trabajar”, concluyó.
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