El requerimiento de instrucción señala que “habiéndose denunciado hechos con potencialidad delictiva”, corresponde “impulsar la acción penal”.
El requerimiento de instrucción señala que “habiéndose denunciado hechos con potencialidad delictiva”, corresponde “impulsar la acción penal”. En la misma línea apunta a “la continuidad de la designación y consecuente percepción de salarios por parte de los docentes asignados a espacios curriculares cuatrimestrales por el resto del año, sin la contraprestación correspondiente por dicho emolumento” y “asignación de “Horas Institucionales sin acto administrativo previo que las avale”.
Y añade el “otorgamiento de horas cátedra a docentes excedidos del tope previsto por la Ley Provincial Nº 761” y la “falta de presentación y/o actualización de las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades Docentes del personal del IPES”.
El requerimiento en cuestión también señala que deberá investigarse “la reubicación por parte del rectorado de las 20 horas cátedra destinadas a la coordinación del ´Profesorado de Educación Superior de la modalidad técnico profesional en concurrencia con título de base´, con un fin distinto para el que fueron otorgadas”, y la “existencia de docentes que perciben el salario correspondiente a una misma carga horaria y a un mismo espacio curricular“.
Para la fiscalía, todos estos actos constituirían “un fraude en perjuicio de la Administración Pública, dado que se habrían abonado salarios a docentes sin contraprestación alguna o por partida doble, como así también se habrían utilizado los fondos de 20 horas cátedra con un fin distinto por el que fueron otorgados por el Ministerio”.
En la denuncia oportunamente presentada por el ministro de Educación, Diego Romero, se señala particularmente al rector del IPES Jorge Enciso, la vicerrectora Silvia Canales, la secretaria María Rosa Viera y las prosecretarias Alicia Cola, María Alejandra Sánchez Fernández y Alejandra Hoyos.
Para instruir la investigación resultará necesario convocar al titular de la cartera educativa a prestar declaración con la intención de que éste “precise las conductas presuntamente delictivas que genéricamente se denuncian en autos y acompañe la documentación respaldatoria correspondiente”.
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