Hartazgo, cansancio e indignación.
A través de una nota dirigida a la Legislatura fueguina, sostienen que “es notable y de público conocimiento, los privilegios que ostenta el directorio sin medir sus acciones ni escatimar gastos cuando de ellos se trata. Los directores elegidos por los activos y pasivos no están representando a los afiliados, sino defendiendo sus propios intereses”.
La profunda crisis financiera y administrativa que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino – OSEF – motivó la presentación de un documento ante la Legislatura provincial por parte de una afiliada jubilada, quien expresó su preocupación por la falta de transparencia y el riesgo de que se interrumpan las prestaciones médicas y asistenciales. El escrito, firmado por Claudia Mónica Pichoni, manifiesta el hartazgo y cansancio que invade el ánimo de los afiliados ante la falta de respuestas inclusive de quienes fueron elegidos para representarlos. En el escrito se cuestiona severamente al directorio del organismo y se solicita a los legisladores que impulsen medidas concretas y exijan información detallada para evaluar posibles soluciones.
Según lo expuesto, OSEF estima un déficit de 56 mil millones de pesos para este año y acumula un pasivo de más de 9.700 millones, mientras enfrenta una reducción en la proporción de afiliados activos frente a los pasivos, lo que impacta directamente en los ingresos.
La autora del reclamo señaló que no se informa adecuadamente sobre los recursos que debería recibir la obra social en concepto de RUPE ni sobre si esos fondos han sido reclamados, y advirtió que tampoco se conoce cuántas personas integran la planta política, cuáles son sus funciones ni los salarios que perciben. Además, denunció la autorización de comisiones de servicios consideradas innecesarias y onerosas, la falta de claridad en las compras de medicamentos, la existencia de obstáculos burocráticos para la entrega de fármacos a pacientes, y la ausencia de datos concretos sobre el vínculo con el Laboratorio del Fin del Mundo.
En el texto se rechaza expresamente el accionar del directorio en su conjunto, incluyendo a los representantes elegidos por los propios afiliados, acusados de no defender los intereses del colectivo. También se responsabiliza al Gobierno provincial y a la Legislatura por permitir el avance de las irregularidades y se critica al Tribunal de Cuentas por limitarse a sugerencias ( – el organismo propuso un incremento en los aportes -) en lugar de emitir informes con cifras concretas.
En este contexto, la afiliada reclamó a las autoridades una serie de informes que incluyan datos sobre la nómina completa de personal, ingresos y egresos detallados, compras de medicamentos, costos de prestaciones, frecuencia de auditorías y acciones realizadas por los órganos de control y de gobierno ante la situación.
Finalmente, subrayó que para encarar cualquier propuesta de solución se necesita imprescindiblemente poder contar con información pública, precisa y completa sobre el estado actual de la obra social.