Fin de la moratoria previsional.
Desde marzo dejó de estar vigente la ley que permitía comprar aportes desde 1993. El impacto afecta principalmente a mujeres y expone las consecuencias de la informalidad laboral en el país.
Desde el 23 de marzo de 2025, dejó de estar vigente la moratoria previsional que permitía regularizar aportes desde 1993, entre ellos los contemplados en la Ley 24.476. A partir de esa fecha, solo pueden jubilarse quienes acrediten 30 años de aportes o aquellos que tengan años trabajados antes de septiembre de 1993 para regularizar bajo la moratoria permanente.
La decisión del gobierno de Javier Milei de no prorrogar la ley 27.705 dejó fuera del sistema a una mayoría de personas en edad jubilatoria. Según datos oficiales, este año unas 403.066 personas alcanzan la edad para jubilarse, pero 241.984 no pueden hacerlo por no cumplir con los años de aportes requeridos. Esto equivale al 60% de quienes deberían haber accedido al beneficio. El impacto es mayor entre las mujeres, donde siete de cada diez quedaron excluidas; entre los varones, la cifra asciende a uno de cada dos.
La principal causa es la alta informalidad laboral. Según datos del Indec, más de 8 millones de personas trabajaron sin registrar aportes. En muchos casos, no por evasión individual, sino por decisiones empresariales. La eliminación de las moratorias tuvo efectos inmediatos: en 2024, el 75% de las jubilaciones se gestionaron mediante algún régimen de regularización.
Desde 2005, las distintas moratorias permitieron jubilarse a más de 3,8 millones de personas. Muchas de ellas habían trabajado durante décadas y quedaron fuera del sistema al no alcanzar los 30 años requeridos. Hoy, quienes no cumplen los requisitos son derivados a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que no exige aportes, paga el 80% del haber mínimo y no otorga pensión por fallecimiento. Desde junio de 2025, su valor es de $243.779,14, con un bono adicional que eleva el total a $313.779,15.
La Ley 24.476, sancionada en 1995, aún continúa vigente y permite regularizar aportes no registrados anteriores al 30 de septiembre de 1993. Hombres que cumplan 65 años en 2025 pueden comprar hasta 15 años de aportes previos a esa fecha, si cuentan con los restantes posteriores. Las mujeres, hasta 10 años. Esta deuda puede cancelarse en un pago o en hasta 60 cuotas con ajustes semestrales.
A diferencia de esta ley, la 27.705, que estuvo vigente entre 2023 y 2025, permitía comprar aportes desde 1993 y tenía un plan de hasta 120 cuotas. Aplicaba a mujeres desde los 60 años y a varones desde los 65. El gobierno de Javier Milei optó por no renovarla.
En respuesta, la oposición logró aprobar en Diputados un proyecto para restituir la moratoria y la movilidad jubilatoria. La iniciativa deberá ser debatida en el Senado. El presidente Milei anticipó su rechazo: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”.
La discusión previsional se volvió uno de los temas más sensibles del debate político actual. La exclusión de cientos de miles de personas mayores reavivó las tensiones entre oficialismo y oposición, y dejó en evidencia el impacto social de poner fin a las herramientas que garantizaban el acceso a una jubilación.