Prevalece la franca oposición a la explotación salmonera como fuente de recursos en Tierra del Fuego.
Las comisiones de Legislación General y Recursos Naturales analizaron dos proyectos que buscan habilitar la cría de salmones en el mar. Participaron referentes institucionales, ambientalistas y sectores del turismo. Fuerte rechazo ciudadano a la iniciativa.
La Legislatura de Tierra del Fuego fue escenario este martes 24 de junio de una jornada clave en torno a un tema que divide posturas y sensibilidades en la provincia: la posible habilitación de la salmonicultura en aguas del mar territorial fueguino.
Desde las 15:30, se reunieron las comisiones N° 1 de Legislación General y N° 3 de Recursos Naturales para abordar dos iniciativas impulsadas por legisladores del bloque de La Libertad Avanza. Uno de los proyectos —el Asunto N° 143/25— propone modificar la Ley Provincial N° 1.355, que desde 2021 prohíbe expresamente la instalación de salmoneras en el canal Beagle. El otro —el Asunto N° 331/24— plantea una nueva normativa general de producción acuícola que abriría las puertas a la cría de salmones tanto en sistemas en tierra como en jaulas marinas, con impacto directo en zonas de la costa norte, cercanas a la ciudad de Río Grande.
Según sus autores, los proyectos buscan “estimular el desarrollo sostenible de la acuicultura”, combinando rentabilidad económica con mitigación ambiental. Desde el oficialismo, algunos legisladores coincidieron en que con un marco técnico adecuado, esta industria podría ser compatible con la protección de los recursos naturales.
En la reunión estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, representantes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, además de referentes de entidades ambientalistas, empresarios turísticos y otros sectores involucrados.
La propuesta continúa generando un fuerte rechazo en organizaciones sociales y ambientales, así como en amplios sectores de la ciudadanía. La cría intensiva de salmones en jaulas flotantes es señalada como una actividad de alto impacto negativo para los ecosistemas marinos, y contraria al modelo de desarrollo sustentable que Tierra del Fuego promueve desde hace años. Los opositores advierten que modificar la Ley 1.355 implicaría desandar una normativa pionera en materia de protección ambiental, votada por unanimidad en 2021.
Como parte de las manifestaciones ciudadanas, el viernes 20 de junio se realizó una simbólica acción en la bahía de Ushuaia: vecinos, empresarios gastronómicos, operadores turísticos, ex funcionarios y ambientalistas se embarcaron en catamaranes, kayaks, veleros y tablas de stand up paddle para recorrer el canal Beagle con pancartas que decían: “No a las salmoneras”. La actividad coincidió con la proximidad del cuarto aniversario de la sanción de la ley que prohíbe la salmonicultura en el Beagle.
El nuevo tratamiento del tema en comisiones legislativas se produce en un contexto de cambios en la política nacional, con impacto directo en la matriz productiva fueguina. La llegada de Javier Milei a la presidencia y las medidas que afectaron al régimen de promoción industrial en la isla obligaron a los sectores políticos a reabrir discusiones sobre posibles actividades alternativas, entre ellas la acuicultura, aunque sin un análisis consensuado sobre sus verdaderas consecuencias económicas, sociales y ambientales.
Por el momento, las comisiones legislativas buscaron generar un espacio de exposición plural, donde cada actor pueda sentar posición. A partir de allí, será decisión del cuerpo legislativo avanzar —o no— en el tratamiento parlamentario de estas propuestas que, por su profundidad, podrían redefinir parte de la identidad productiva y ambiental del territorio fueguino.