Escándalo judicial por impugnación de peritaje a un celular.
La Cámara de Apelaciones rechazó la decisión de la jueza Cristina Barrionuevo de analizar un segundo dispositivo perteneciente al juez investigado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, Andrés Leonelli. Se espera que el fiscal Fernando Ballester Bidau explique a la comunidad qué está pasando.
Ante una iniciativa de la jueza a cargo de las actuaciones que tienen como imputado a uno de los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli, el defensor Gustavo Ariznabarreta apeló la decisión de la magistrada. María Cristina Barrionuevo había ordenado peritar el segundo teléfono del juez camarista, a lo que Leonelli, a través de un escrito de su abogado, se opuso terminantemente. Ante esta situación, se elevó el conflicto a la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Alejandro Sergio Manuel Fernández, Aníbal Gerardo Acosta y Daniel Alejandro Sacks, votando por la negativa los dos primeros y por la afirmativa, el tercero.
De esta manera, Fernández y Acosta constituyeron mayoría al negarse a la realización de la pericia del dispositivo, gesto que se interpretó como una acción de encubrimiento hacia un par, ya que Leonelli forma parte justamente de la Cámara de Apelaciones, aunque en otra sala.
Según publica el periodista Daniel Puebla, la decisión habría sido adoptada el pasado viernes por mayoría, con la disidencia del juez Sacks, quien se manifestó a favor de autorizar el peritaje sobre el teléfono Samsung secuestrado durante el allanamiento del domicilio de Leonelli, en el barrio Terrazas del Fin del Mundo, a fin de despejar toda sospecha sobre la posible vinculación en el caso de otras personas, también relacionadas con el ámbito judicial, algunas en situación de pasividad.
La resolución, que genera lógicos cuestionamientos por interpretarse como un gesto de respaldo institucional a Leonelli de sus propios pares, podría ser motivo de objeción por parte del fiscal especializado en ciberdelitos, Fernando Ballester Bidau, y también – por fin – de una explicación pública a la comunidad acerca del controvertido hecho.
La misma investigación revela que otro funcionario judicial estaría sujeto a pesquisa en relación con el cumplimiento de sus deberes: se trata del secretario de Administración del Superior Tribunal, David Patchman, quien habría recibido con antelación una alerta de la empresa Google vinculada a la tenencia de contenido sensible, sin haber informado oportunamente a los jueces del Superior Tribunal.
Como ya es de público conocimiento, el juez Andrés Leonelli está denunciado en una causa impulsada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que colabora con investigaciones sobre delitos contra niños y adolescentes. Al advertir imágenes de niños abusados sexualmente, desde la empresa Google se le advirtió del hallazgo al titular de la cuenta, el juez Leonelli, y se dispuso el bloqueo de la misma, en mayo de este mismo año.
A través de la representación del ex defensor oficial jubilado Gustavo Ariznabarreta, Leonelli justificó la existencia de ese material sensible en su “nube” aduciendo que se trata de imágenes referidas a expedientes en los que le ha tocado intervenir como juez, argumento que fue refutado por dos especialistas en la materia, los expertos en delitos cibernéticos Aníbal Lazzaroni y Jorge Pintos, quienes no dudaron en hacer pública su postura de desestimación del planteo del camarista.
Mientras la causa continúa su curso en el Juzgado de la jueza Barrionuevo y se producen este tipo de novedades que tiñen de sospecha la transparencia del proceso —en el que el imputado es nada menos que un magistrado—, Leonelli continúa desempeñando sus funciones con total normalidad, sin que hasta el momento se haya anunciado —tal como ocurrió con la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó, involucrada en la comisión de faltas contravencionales— proceso sumarial alguno.