Gracias a la prensa, se recusó al camarista Alejandro Fernández, quien favoreció con su fallo al juez Andrés Leonelli, imputado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
El representante del Ministerio Público demoró varios días en actuar, y solo lo hizo tras la publicación de informes periodísticos que pusieron al descubierto que Leonelli y Fernández son parte de un negocio inmobiliario en Ushuaia.
El fiscal mayor Fernando Ballester Bidau decidió finalmente recusar al camarista Alejandro Sergio Manuel Fernández, luego de que los medios de comunicación fueguinos revelaran la existencia de un vínculo económico entre el magistrado y el juez Andrés Leonelli, imputado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La presentación fiscal se produjo después de varios días de inacción institucional y luego de que Fernández interviniera en la causa sin excusarse, a pesar de formar parte junto a Leonelli de un fideicomiso inmobiliario que construye una torre en pleno centro de Ushuaia.
La recusación se basa en el contrato del fideicomiso “Edificio Glaciares”, suscripto el 15 de diciembre de 2022 ante la escribana Ana Laura Granero. En su escrito, el fiscal advirtió que este tipo de vínculo –una “comunidad de intereses”– está expresamente contemplado en el artículo 45 inciso 6 del Código Procesal Penal como motivo suficiente de apartamiento. No obstante, Fernández omitió hacerlo y falló en favor de Leonelli, al oponerse a que se perite uno de los teléfonos celulares de su colega imputado.
Ballester Bidau reconoció que su intervención fue motivada por la “múltiples publicaciones periodísticas” que pusieron en evidencia el vínculo entre los dos jueces, lo que deja al descubierto una preocupante falta de iniciativa por parte del Ministerio Público Fiscal en una causa de altísima sensibilidad pública.
Ahora, con la recusación formalizada, el fiscal también solicitó la nulidad de los fallos firmados por Fernández los días 4 y 5 de julio, lo que implicaría retrotraer la causa a la instancia en que la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo había solicitado que se perite el teléfono celular de Leonelli. La magistrada busca determinar si el dispositivo contiene imágenes de abuso y si hubo distribución o intercambio de ese material con otras personas.
La actitud del acusado, Andrés Leonelli, también resulta llamativa. A través de su abogado defensor, el ex defensor oficial Gustavo Ariznabarreta, pidió que el dispositivo no sea examinado, argumentando que las 53 imágenes detectadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos – NCMEC – se encontraron en una nube informática, subidas desde otro equipo. La endeblez del razonamiento —conveniente para el imputado pero perjudicial para una investigación que busca llegar a la verdad, cualquiera sea — no debería prevalecer. Y si no lo hace, será gracias a la intervención oportuna de la prensa fueguina, que puso en evidencia lo que nadie en la Justicia parecía dispuesto a señalar.
Por otra parte resulta llamativa —y por momentos francamente sospechosa— la actitud de Leonelli respecto del teléfono celular marca Samsung que le fue secuestrado. Más aún, sorprenden las maniobras para evitar que sea peritado por la División Delitos Complejos de la Policía. ¿Qué esconde el dispositivo? ¿Información sensible? ¿Mensajes comprometedores? ¿Nuevas imágenes de abuso infantil?. ¿Nada de eso?. Las respuestas podrían hallarse en la memoria de ese teléfono, si la investigación sigue su curso.
En contraposición a la llamativa renuencia de Leonelli a que uno de sus dispositivos sea peritado, cabría esperar —de él y de cualquier funcionario judicial— una actitud completamente opuesta: la de allanarse voluntariamente a toda medida investigativa que permita despejar dudas y demostrar su inocencia. Mucho más si se trata de un integrante del Poder Judicial, cuya conducta debe estar regida por los más altos estándares éticos y de transparencia, precisamente para no sembrar sospechas ni empañar la credibilidad del sistema que representa.
Lo que se espera ahora es que el Superior Tribunal de Justicia avale el pedido de recusación presentado por el fiscal Ballester Bidau contra el camarista Fernández y autorice, sin más dilaciones, la pericia resistida.