“Una causa incoherente desde su inicio”, la calificó la magistrada instructora.
La jueza de antigua trayectoria en el Poder Judicial fueguino, denunció además haber sufrido intentos de “amedrentamiento” y una “aversión pocas veces vista” por parte del acusado, el camarista Andrés Leonelli y su defensor particular, Gustavo Ariznabarreta.
María Cristina Barrionuevo, titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2 del Distrito Judicial Sur y Andrés Leonelli, integrante de la Cámara Penal de Apelaciones.
La jueza María Cristina Barrionuevo, titular del Juzgado de Instrucción N.º 2, resolvió dar por terminado el requerimiento de instrucción contra el camarista penal Andrés Leonelli por considerar que los hechos investigados “no constituyen delito”. La causa se originó a partir de una alerta emitida por la National Center far Missing & Exploited Children (NCMEC), por presunto material de abuso sexual infantil detectado en una cuenta de Google vinculada al magistrado, lo que motivó el secuestro de celulares, discos duros y otros dispositivos en su oficina y domicilio particular.
En el marco de la investigación, se analizaron más de 134.000 archivos de imágenes y 943 videos extraídos de los equipos del juez. El informe concluyó en que las fotos cuestionadas “eran 62 archivos JPG que habían quedado alojados entre miles de documentos laborales, como parte de un respaldo masivo de material judicial realizado en abril de 2025, por Leonelli”. Según el perito Matías Taborda la descarga de ese contenido se produjo de manera automática durante la descompresión de un paquete de archivos vinculados a una causa en la que el propio camarista había intervenido como juez de instrucción en el año 2016, en Río Grande.
En su descargo, el acusado sostuvo que “nunca almacené con conocimiento ni intención material ilícito” y aseguró que las imágenes formaban parte de un backup funcional “de más de 25 años de trabajo judicial”. Leonelli argumentó que incluso en mayo presentó una denuncia ante Defensa del Consumidor contra Google Argentina SRL, reclamando el restablecimiento de su cuenta personal de Drive, cancelada por la empresa. Allí planteó que utilizaba ese servicio como respaldo de resoluciones judiciales, documentos laborales e institucionales, con un “incalculable valor personal y profesional”.
Al resolver el cierre de la causa, la jueza Barrionuevo introdujo un elemento llamativo: denunció haberse sentido hostigada por el propio Leonelli y por su defensor particular, Gustavo Ariznabarreta, ex colega además de la magistrada ya que el abogado se jubiló como defensor oficial en la Justicia provincial hace algunos años: “Desde las primeras presentaciones formuladas y hasta la última presentada por los letrados Leonelli y Ariznabarreta se advierte una aversión hacia la suscripta pocas veces vista, donde el intento de amedrentamiento y desacreditación profesional resultan alarmantes, pero que no logran conmover el ánimo de la firmante para resolver lo que por derecho corresponda”, sostuvo.
En cuanto a las críticas por una supuesta lentitud en su desempeño, la magistrada respondió que los tiempos de tramitación fueron razonables en función de la complejidad del caso, las pruebas producidas y los recursos interpuestos por la defensa. Recordó que recién el 9 de septiembre la fiscal Guadalupe Martire solicitó el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción, reconociendo que el hecho investigado no constituía delito.
Finalmente, Barrionuevo advirtió que “mantener abierta la causa sin acusación fiscal constituiría una medida dilatoria y abusiva”. En palabras textuales, alertó sobre el riesgo de prolongar “una investigación plagada de dudosas omisiones, incoherente desde su inicio y ahora sin pretensión fiscal que la sustente”.