Incidente en escuela de Ushuaia.
La aprehensión ocurrió luego de que personal policial constatara daños en un rodado estacionado frente al establecimiento educativo del barrio San Vicente de Paul. Los directivos dispusieron la suspensión de clases.
El martes por la mañana, vecinos y personal docente de la Escuela N° 15 “Centenario de Ushuaia”, ubicada en calle Ricardo Balbín 2535, observaron a una mujer rayando con un objeto punzante el lateral izquierdo de un Toyota Etios estacionado frente al colegio. La propietaria del rodado, docente del establecimiento, confirmó la acción y señaló que la mujer, luego identificada como Anabella Raimilla, ingresó al edificio escolar.
Personal policial de la Comisaría Tercera se hizo presente, localizó a Raimilla, la aprehendió, dio intervención a la Fiscalía de turno en relación al delito de daños en flagrancia, y labró las actuaciones judiciales correspondientes.
Ante el hecho, los directivos de la escuela decidieron suspender las clases y convocar a una asamblea docente, comunicando a los padres de los alumnos de nivel primario que los fueran a retirar. En un comunicado oficial, expresaron:
“La asamblea permanente tiene como motivo los reiterados episodios de hostigamiento y violencia dirigidos hacia docentes y directivos de la institución, que afectan el normal desarrollo de las actividades educativas. Hoy se ha reportado un acto vandálico sobre un vehículo perteneciente a un miembro del personal docente. Instamos a mantener un ambiente de respeto, diálogo y colaboración, valores fundamentales para el bienestar de los estudiantes.”
La situación ha derivado en expresiones de violencia no solo entre padres y docentes, sino también entre los propios docentes. Aquellos que buscan impartir clases y no adherir a las medidas de fuerza enfrentan un violento hostigamiento por parte de sus pares que sí se pliegan a cada oportunidad de no concurrir a sus puestos de trabajo. El conflicto ha generado un círculo vicioso. La negativa a dar clases con normalidad en pos de mejoras salariales por parte de los docentes afecta la rutina de las familias, limita el aprendizaje de los estudiantes y provoca reclamos cruzados. Por otro lado, los padres señalan su frustración por la pérdida de tiempo educativo y por tener que retirar a los niños una o dos horas después de lo habitual, cuando no hay jornadas completas de “desobligaciones” y otras figuras en las que los docentes justifican su ausencia en las aulas. Mientras todo esto ocurre, el Gobierno no toma medidas directas para hacer cesar la pérdida constante de días de clases que sufren los más damnificados y desprotegidos por la situación, los niños y adolescentes cuyos padres no cuentan con los recursos económicos para enviarlos a una escuela privada.