Intervención del puerto de Ushuaia.
El Ejecutivo cuestionó la falta de argumentos técnicos para la intervención y anunció acciones judiciales para recuperar el control de una infraestructura clave para la provincia. Durante la actual temporada se prevén más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general.

Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto.
La provincia sentó postura institucional frente a la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta este miércoles 21 de enero por el Gobierno nacional y aseguró que la medida carece de razones objetivas que la justifiquen. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial cuestionó el alcance y la legalidad de la decisión, y remarcó que “la terminal portuaria funciona con normalidad, registra niveles récord de actividad y resulta clave para el desarrollo económico y logístico de la provincia”.
Según se expone en el documento, el acto administrativo de intervención dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación presenta contradicciones, ya que en su redacción inicialmente inhabilita la operatoria de la terminal para algunos renglones más abajo dejar sin efecto esa misma inhabilitación. Para el Gobierno fueguino, ese punto “evidencia la falta de fundamentos claros para avanzar con una medida de semejante magnitud”.
En ese marco, el Ejecutivo destacó que “el Puerto de Ushuaia atraviesa un proceso de crecimiento sostenido y opera con total normalidad. Durante la actual temporada se prevén más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general, mientras que en las últimas dos semanas se registró un récord de arribo de embarcaciones, con una operatoria sincronizada que permitió atender a 16 buques de bandera internacional en menos de 24 horas y a más de 30 a lo largo de una semana. En ese período, más de 30 mil personas, entre pasajeros y tripulantes, pasaron por la terminal, lo que refleja la confianza comercial de los operadores internacionales”.
El comunicado también resalta las inversiones realizadas en infraestructura, entre ellas la extensión de 104 metros del muelle: “Es una obra que permitió duplicar la capacidad operativa y recibir más buques en simultáneo, fortaleciendo el rol estratégico del puerto en el extremo sur del país” – se indicó.
En relación con la Ley Provincial N° 1596, aprobada por unanimidad por la Legislatura y que contempla la utilización del superávit del puerto para el fortalecimiento de la obra social OSEF, el Gobierno aclaró que, pese a la sanción de la norma “no se ha efectuado ningún traspaso de fondos desde la terminal portuaria”.
El Ejecutivo fueguino manifestó además su preocupación por las “narrativas” que comenzaron a instalarse en torno a la intervención, vinculadas a posibles intencionalidades geopolíticas o económicas que no fueron explicitadas oficialmente y que, a su entender, exceden por completo la realidad operativa del puerto. En ese sentido, se indicó que no se presentaron informes técnicos detallados que expliquen el alcance de la medida ni los motivos concretos que la sustenten.
Finalmente, el Gobierno provincial confirmó que continúa conversaciones con los niveles más altos del Gobierno nacional en busca de explicaciones y una solución rápida al conflicto, aunque advirtió que, en paralelo “avanzaremos de manera inmediata con un reclamo judicial”.
Para el Ejecutivo, la intervención “constituye un avasallamiento a la autonomía provincial garantizada por la Constitución Nacional y representa un nuevo acto intempestivo que impacta de forma directa en el trabajo y en el normal desarrollo de la actividad productiva de Tierra del Fuego”.