Gobierno, Dirección Provincial de Puertos y gremios firmaron un acta que protege los derechos laborales durante la intervención del Puerto de Ushuaia, retroactiva al 21 de enero pasado.
El acuerdo asegura el pago íntegro de los haberes, la continuidad laboral y resguarda a los trabajadores ante la imposibilidad de prestar tareas, en un contexto que la Provincia califica como una “vía de hecho” del Estado nacional.

El Gobierno de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y las organizaciones sindicales del sector portuario suscribieron un Acta Acuerdo que garantiza la plena protección laboral y económica de todo el personal portuario, en el marco del conflicto institucional generado por la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Estado nacional.
El documento fue firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza; el presidente de la DPP, Roberto Murcia; y representantes de los gremios ATE, UPCN, la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria, con la participación de ministros del Ejecutivo provincial y dirigentes de numerosas organizaciones sindicales.
El acuerdo surge como respuesta a la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, suspendió su habilitación por 12 meses y, desde el 21 de enero, impidió el ingreso de la mayoría de los trabajadores provinciales mediante un operativo de seguridad.
Frente a este escenario, y con una acción de inconstitucionalidad ya presentada ante la Justicia Federal, las partes establecieron un conjunto de garantías destinadas a proteger a los trabajadores de las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad.
Entre los puntos centrales, se garantiza la estabilidad laboral y salarial absoluta para toda la planta, asegurando el pago íntegro de los haberes y la creación de un nuevo ítem salarial que será definido en una mesa de trabajo conjunta entre la DPP y los gremios.
Asimismo, se deja expresamente establecido que la imposibilidad de prestar tareas por la prohibición de ingreso al puerto no constituye abandono de servicio ni falta disciplinaria, considerándose al personal en situación de plena disponibilidad funcional.
El acta también prevé la reorganización transitoria de tareas mediante una mesa bilateral, que definirá esquemas de trabajo no presencial, capacitaciones u otras funciones dentro de la Administración Pública provincial, sin alterar las condiciones laborales esenciales.
Otro punto clave es la protección patrimonial: el acuerdo exonera a los trabajadores de toda responsabilidad sobre los bienes, instalaciones y maquinaria del puerto mientras dure la intervención nacional, comprometiéndose la Provincia a gestionar la desafectación de cualquier carga individual.
El Acta Acuerdo tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y mantendrá su vigencia durante todo el período de intervención, hasta que se normalice la administración del Puerto de Ushuaia. Las partes acordaron, además, preservar la paz social y canalizar cualquier diferencia a través del Ministerio de Trabajo provincial.