La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex dirigentes judiciales fueguinos

En la causa por presunta administración fraudulenta en la UEJN fueron imputados Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich.

El Tribunal ratificó que existen pruebas suficientes para sostener que tres ex autoridades de la Seccional Tierra del Fuego de la UEJN habrían desviado fondos gremiales mediante préstamos informales y alquileres no autorizados. También confirmó embargos por 100 millones de pesos.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex dirigentes judiciales fueguinos
Al histórico y controvertido gremialista Luis Bechis y a otros dos ex sindicalistas judiciales fueguinos, la Justicia Federal les confirmó que están procesados por utilizar recursos de los afiliados en su propio beneficio y en desmedro de la entidad que representaban.

La Cámara Criminal y Correccional Federal –Sala II– confirmó el procesamiento de tres ex autoridades de la Seccional Nº 1 de Tierra del Fuego de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en el marco de una causa iniciada por una denuncia del secretario general del gremio, Julio Piumato.

El Tribunal ratificó que existen elementos suficientes para sostener –en esta etapa del proceso– que Luis Simón Bechis y Daniel Oscar Vidal, ex secretario general y ex secretario de Finanzas de la seccional, habrían incurrido en el delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautores. En tanto, Lucas Méndez Stiglich, ex secretario gremial, fue confirmado como partícipe necesario del mismo delito.

Además, la Cámara confirmó los embargos dispuestos: 60 millones de pesos para Bechis y Vidal, y 40 millones para Méndez Stiglich.

La investigación se originó en agosto de 2022 tras una denuncia que atribuía a la conducción de la seccional fueguina el manejo irregular de fondos entre 2021 y julio de 2022, período en el que luego se dispuso la intervención del sindicato a nivel local.

Según la imputación, la maniobra habría tenido dos ejes principales. Por un lado, el otorgamiento de “ayudas económicas” o préstamos a afiliados por fuera de los mecanismos institucionales previstos, con condiciones variables en cuanto a cuotas e intereses. Parte de esos fondos, según surge del expediente, habría salido tanto de cuentas de la seccional como de cuentas personales de los imputados, mientras que la devolución se realizaba mediante descuentos en los haberes bajo el concepto de “servicios sociales sindicales”.

Por otro lado, se cuestionó el alquiler temporario de dos inmuebles del gremio en Ushuaia –ubicados en las calles Las Margaritas y Hol Hol– a través de la plataforma Booking.com, destinados a personas ajenas a la organización y sin registros contables adecuados de los ingresos obtenidos.
La defensa sostuvo que las denominadas “ayudas reintegrables” constituían una práctica histórica de solidaridad gremial, que figuraba en los balances y era conocida por la conducción nacional. También argumentó que la UEJN es una persona jurídica privada, por lo que no correspondería aplicar la agravante vinculada al perjuicio contra la Administración Pública.

Sin embargo, la Cámara entendió que la prueba reunida –incluidos testimonios, mensajes de WhatsApp, extractos bancarios e informes de la intervención– permite considerar acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, un apartamiento voluntario de los deberes de administración previstos en el artículo 173 inciso 7º del Código Penal.

Los jueces modificaron el encuadre legal, descartando la agravante vinculada a la administración pública, pero confirmaron la figura de defraudación por administración fraudulenta. También consideraron razonables los montos fijados en concepto de embargo, al tener en cuenta eventuales costas, honorarios y posibles responsabilidades civiles.

El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzún, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, en tanto, la causa continúa en trámite.