Reclaman elevar el sueldo del agente ingresante a $2,2 millones

Malestar en la fuerza policial.

La autoconvocatoria “20F” (faltazo) registró adhesión sin afectar el servicio. Los voceros señalaron que actualmente un agente percibe cerca de 1.200.000 pesos y plantearon la necesidad de una actualización acorde al costo de vida.

Efectivos policiales de Ushuaia impulsaron el viernes 20 de febrero una autoconvocatoria bajo la consigna “20F”, que consistió en no concurrir a sus respectivos destinos laborales en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Si bien no existen cifras oficiales sobre el nivel de adhesión, distintas fuentes indicaron que la medida tuvo acompañamiento, aunque no afectó la normal prestación del servicio en la ciudad.

En diálogo con Diario Prensa Libre, los promotores —que pidieron preservar su identidad ante la posibilidad de sanciones disciplinarias— manifestaron su malestar por los salarios actuales y la situación edilicia y operativa de algunas dependencias.

“Tenemos sueldos muy bajos y parece que a nadie le importa”, expresó un efectivo con más de diez años de servicio. Según detalló, un agente estaría percibiendo alrededor de 1.200.000 pesos mensuales. “Con eso no se hace nada”, sostuvo.

Consultados sobre el incremento pretendido, señalaron que “para arrancar, los agentes deberían cobrar como mínimo 2.200.000 pesos”, en línea —según indicaron— con otros reclamos salariales del sector público.

Además de la cuestión salarial, mencionaron falencias en el mantenimiento de móviles policiales, falta de insumos básicos y problemas edilicios. “Nos falta de todo: insumos de librería, de limpieza y mantenimiento de patrulleros. Hay dependencias donde tenemos problemas de calefacción por falta de pago del gas”, afirmaron. Incluso señalaron que, en algunos casos, deben afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar conectividad a Internet.

Los voceros explicaron que se expresan sin identificarse porque la fuerza no cuenta con representación gremial formal y temen eventuales sanciones. “Dar la cara significaría ser sumariado y expulsado”, indicaron. Y agregaron: “Ya no damos más. Solo queremos que quienes tienen poder de decisión escuchen lo que está pasando”.