Soria denunció cupos de atención y cobros de coseguros “desmedidos”

Reclamo de los afiliados de OSEF por falta de atención en farmacias y clínicas privadas.

La representante del sector activo en el directorio de OSEF, Adriana Soria, cuestionó los convenios firmados con prestadores privados de Ushuaia y Río Grande y afirmó que “se imponen límites diarios de atención a afiliados y coseguros que superan los porcentajes permitidos”. También reconoció demoras en la provisión de medicamentos por problemas financieros de la obra social.

Ante el agravamiento de la situación que atraviesan afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino, OSEF, quienes en muchos casos no pueden adquirir medicamentos con cobertura o acceder a atención médica en centros de salud privados, el periodista Cristian Meza, de FM Aire Libre de Río Grande, entrevistó a la representante por el sector activo en el directorio de la obra social, Adriana Soria.

Consultada sobre los reiterados cortes en las prestaciones por parte de las clínicas privadas, Soria explicó que al asumir en el directorio se encontraron con convenios ya firmados por la presidencia – a cargo de Mariana Hruby – con la Clínica San Jorge, de Ushuaia y con el CEMEP, de Río Grande.

“Cuando se trasladó al directorio para su aprobación, tanto el sector pasivo como el que represento, el de los activos, no convalidamos ese convenio por las características que tenía.

Entendíamos también la situación que está atravesando la obra social, con una crisis financiera y con fondos que no alcanzan para pagar a los prestadores. Hoy tenemos farmacias cortadas y las clínicas cortadas también”, sostuvo.

La representante señaló que, pese a las observaciones planteadas, el acuerdo terminó siendo aprobado por la conformación del directorio y el voto doble de la presidencia.

“Aportamos observaciones al convenio y, finalmente, por más que votamos en negativo los dos vocales representantes, con el voto doble de presidencia salió aprobado. A partir de allí se reanudó el servicio, que era lo que esperaba el representante legal de la clínica, el Dr. Carlos Sánchez. Sin embargo, luego volvió a incumplir al disponer topes de atención diaria para nuestros afiliados”, afirmó.

Según detalló, esos límites implican que en algunos casos las clínicas atienden a un número reducido de afiliados por día.

“¿Cómo es esto de que se atiende hasta siete afiliados por día nada más en una clínica? ¿Cómo llevan el conteo? Nosotros no podemos saber qué cantidad toman ellos. Cuando el afiliado llega le dicen que ya se cumplió el cupo de cinco, seis o siete pacientes y que ya no lo van a atender. Entonces tiene que pagar de manera particular”, cuestionó.

Soria también expresó su desacuerdo con el esquema económico previsto en el convenio.

“Tampoco estuvimos de acuerdo con que se haya pautado un monto fijo para la cobertura de las prestaciones de todos los afiliados, con atenciones en guardia y primarias, pero después se facturen aparte otras prestaciones y especialidades, como diabetes o cirugías. Todo eso lo están facturando por separado”, indicó.

Consultada sobre si los prestadores están habilitados a establecer cupos o discriminar prácticas, aseguró que “no, de ninguna manera. Por eso es la denuncia. Se les paga por las prestaciones para toda la cápita, es decir, par todos los afiliados”, afirmó.

Soria refirió también: “Otro de los puntos en disconformidad era que el acuerdo era por tres años, con posibilidad de extenderlo tres años más. Para nosotros eso es muchísimo. Y además tiene un mecanismo de actualización automática: cada vez que aumentan los ingresos de la obra social, ya sea por aumentos salariales, más personal o más aportes, automáticamente se actualizan los valores que se les pagan a ellos. Es decir, nunca pierden”.

En ese sentido, consideró que ese esquema perjudica la planificación financiera de la obra social.

“Cada vez que te llega un ingreso mayor, se lo llevan automáticamente los prestadores. Entonces, ¿cuándo la obra social va a poder mejorar sus condiciones?”, planteó.

Respecto de la autoría del convenio, Soria sostuvo que no tienen precisiones sobre quién lo redactó.

“No sabemos quién lo redactó, pero claramente fue en contra de la obra social. Cada ingreso que tengamos termina beneficiando al sector privado”, manifestó.

La representante de los trabajadores activos, también cuestionó el valor del coseguro que se cobra a los afiliados: “El coseguro está pautado por resolución y no puede superar el 35% del valor de la prestación. Por los valores que nosotros pagamos, deberían estar cobrando alrededor de 7.000 pesos, que es lo que cobra el CEMEP en Río Grande. Pero en Ushuaia están cobrando 15.000 pesos”, señaló.

Según explicó, esa diferencia no tendría justificación “porque se trata de la misma prestación dentro de la misma obra social y en la misma provincia”, acotó.

“Esto lo venimos denunciando. Pedimos al área jurídica de la obra social y al área de convenios que intervengan, porque son quienes deben intimar al prestador para que cumpla el convenio”, indicó.

Por otra parte, en relación con la provisión de medicamentos, reconoció que la obra social atravesó semanas críticas sin cobertura plena.

“Estuvimos durante tres semanas sin cobertura en farmacia para los medicamentos al 100%. En Autofarma solo teníamos hasta el 40% de cobertura y en muy pocas farmacias más. Después se logró pagar parte de la deuda, pero hay mucha demora porque no llegan los recursos”, explicó.

Finalmente señaló que la farmacia vinculada a la obra social aún enfrenta dificultades de abastecimiento: “Autofarma no está abastecida con los medicamentos que debería tener para cubrir la gran demanda. Nos dijeron que están esperando que los laboratorios les entreguen, porque como no se les pagó durante ese tiempo, también se demoró la entrega de los medicamentos”, concluyó.