Tiembla la Caja Previsional de la Policía de Tierra del Fuego.
La Justicia laboral de Ushuaia hizo lugar a un amparo impulsado por el policía jubilado Ramón Flores, y obligó a la Caja Previsional a regularizar los pagos reclamados. La manda judicial se constituye en un precedente al que podrían plegarse otros retirados.
Abogado Abel Galeano, representante legal del policía territoriano retirado, Ramón Flores.
La Justicia de Tierra del Fuego hizo lugar a una acción de amparo presentada por un jubilado de la Policía del ex Territorio Nacional y ordenó a la Caja Previsional del sector regularizar el pago de haberes adeudados, declarando ilegítimo el esquema de pagos diferidos aplicado por el organismo, desde donde se adujo falta de liquidez.
La resolución fue dictada por el Juzgado del Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Sur, en el marco de la causa iniciada por el policía retirado Ramón Oscar Flores, con el patrocinio del abogado Abel Omar Galeano, quien reclamó el pago de los haberes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, junto con el medio aguinaldo.
El fallo establece que la Caja incurrió “en un incumplimiento al supeditar el pago de los beneficios previsionales a la disponibilidad de fondos”, y remarca que “las jubilaciones tienen carácter alimentario, por lo que deben abonarse en forma íntegra, regular y oportuna”, sentando un precedente que podría extenderse al resto de los beneficiarios.
En ese sentido, la jueza subrogante Gabriela San Martín consideró que el mecanismo implementado por el organismo —basado en un orden de prelación y condicionado a la llegada de recursos— “resulta arbitrario e ilegítimo, al no estar respaldado por una declaración formal de emergencia dictada por autoridad competente ni cumplir con los requisitos legales para restringir derechos previsionales”.
La sentencia también valida la utilización del amparo “como vía idónea ante este tipo de incumplimientos, al entender que la demora de los procesos ordinarios podría generar un daño grave e irreparable en personas que dependen de esos ingresos para su subsistencia”.
Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Ramón Flores, de 71 años de edad y residente actualmente en la localidad chaqueña de La Leonesa.
Como consecuencia, el tribunal intimó a la Caja Previsional a abonar, en un plazo de 30 días desde que el fallo quede firme, la totalidad de los haberes adeudados, junto con los intereses correspondientes, y a garantizar en adelante el pago regular de las prestaciones. Además, fijó la posibilidad de aplicar sanciones económicas diarias en caso de incumplimiento.
Durante el proceso, el organismo previsional había argumentado que la modificación en el cronograma de pagos respondió a un déficit estructural y a la falta de liquidez, señalando incluso gestiones ante el Poder Ejecutivo provincial para obtener asistencia financiera. Sin embargo, la Justicia entendió que esas circunstancias no justifican la afectación de derechos previsionales sin el correspondiente marco legal.
El fallo adquiere relevancia más allá del caso individual, ya que sienta un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar el pago en tiempo y forma de los haberes jubilatorios, especialmente en el caso de retirados del régimen policial del ex Territorio, quienes perciben prestaciones de carácter compensatorio.
En ese contexto, la resolución abre la puerta a que otros jubilados policiales en situación similar recurran a la vía judicial para reclamar el cumplimiento de sus derechos previsionales y coloca en jaque a la Caja Previsional de la Policía de Tierra del Fuego, que podría literalmente caer en un estado de quebranto al no poder asumir el pago de la masa dineraria que significaría abonarle a Flores y a sus pares, los montos reclamados.