Segundo constitucionalista de peso respalda la continuidad del proceso.
El convencional constituyente nacional de Córdoba, mandato cumplido, Antonio María Hernández consideró “sin precedentes” el intento de la Legislatura fueguina de frenar la reforma de la Constitución luego de que el Ejecutivo convocara formalmente a elecciones de convencionales.
Antonio María Hernández fue convencional constituyente federal, provincial y municipal. Desde su experiencia consideró que lo actuado por la Legislatura el 1ero de mayo “es un hecho inédito en el país”.
La disputa institucional abierta en Tierra del Fuego por el futuro de la reforma constitucional sumó una nueva voz de peso en el ámbito jurídico nacional.
El doctor en Derecho y convencional constituyente nacional de 1994 (MC) , Antonio María Hernández, sostuvo que el proceso reformador iniciado en la provincia “debe continuar” y calificó como “un caso sin precedentes en la Argentina” el intento de la Legislatura fueguina de derogar la ley que declaró la necesidad de modificar la Constitución provincial de 1991.
Sus declaraciones se conocen días después del pronunciamiento del constitucionalista Daniel Sabsay, quien también había advertido que la derogación aprobada por la Cámara legislativa el pasado 1° de mayo carece de validez para detener un procedimiento que, a su criterio, ya ingresó en una etapa irreversible tras la firma del decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto.
Hernández, reconocido especialista en Derecho Constitucional y protagonista de diversos procesos de reforma institucional en Córdoba, fue categórico al analizar el escenario fueguino.
“En los procesos constituyentes, el Poder Legislativo tiene una facultad preconstituyente para declarar la necesidad de una reforma. Una vez que hace esa declaración, ya cumplió su acto. No existe un precedente que se haya vuelto para atrás”, afirmó.
El jurista recordó que la necesidad de reforma fue declarada mediante la Ley Provincial 1529, posteriormente ratificada por el Superior Tribunal de Justicia fueguino luego de un extenso análisis judicial que se prolongó por más de un año, lo que terminó habilitando al Poder Ejecutivo a avanzar con la convocatoria electoral.
“Es muy extraño, sin precedentes, que la Legislatura ahora quiera paralizar el proyecto y dar marcha atrás. Para mí, debe continuar el proceso. Es el pueblo el que tiene la palabra, debe elegir a los convencionales, y luego será la Convención Constituyente la que avance o no en la reforma”, sostuvo.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que el mismo cuerpo legislativo deje sin efecto una norma de estas características mediante una ley ordinaria, Hernández marcó una diferencia sustancial entre las funciones legislativas comunes y las atribuciones excepcionales que se ejercen al habilitar una reforma constitucional.
“El Poder Legislativo tiene distintas competencias. Está la función legislativa común para sancionar leyes, y está la competencia preconstituyente, que constituye una declaración institucional extraordinaria. Cuando la Legislatura actuó declarando la necesidad de la reforma, lo hizo bajo esa naturaleza especial. Ese acto ya fue cumplido”, explicó.
En ese marco, consideró que corresponde al Poder Ejecutivo vetar la norma sancionada el pasado viernes por mayoría legislativa y sostener la continuidad del cronograma electoral actualmente en manos del Juzgado Electoral provincial.
Para Hernández, el conflicto derivará inevitablemente en una nueva instancia judicial.
“Seguramente esto será judicializado. El tema puede comenzar en el Juzgado Electoral, pero finalmente va a terminar en el Superior Tribunal”, anticipó.
El constitucionalista lamentó además el nivel de confrontación alcanzado entre los poderes del Estado fueguino: “Esto revela un problema político muy serio. Cuando la política no puede resolver sus conflictos, debe recurrirse a la Justicia. Es lamentable que se haya llegado a este grado de enfrentamiento institucional”, concluyó.
Con el respaldo coincidente de dos de los constitucionalistas más reconocidos del país, la controversia fueguina suma ahora nuevos elementos técnicos a una disputa que ya desbordó el plano político y que podría volver a dirimirse en los estrados judiciales.