Debate por el impacto económico de la ley sobre tarifas y cortes de servicios.
Desde el organismo sanitario señalaron que retrotraer tarifas y prohibir cortes por mora generaría un fuerte perjuicio económico y pondría en riesgo inversiones, mantenimiento y obras vinculadas al servicio.
Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Cristian Pereyra: “En estos siete años de gestión no se le ha cortado el servicio a ningún vecino”.
Desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) manifestaron preocupación por las consecuencias económicas que podría generar la iniciativa aprobada en la Legislatura vinculada a los servicios públicos.
El proyecto plantea prohibir los cortes de agua, electricidad y gas natural por mora y retrotraer las tarifas a valores de diciembre pasado. Según indicaron desde el organismo, en el caso de la DPOSS la medida implicaría un perjuicio superior a los 5 mil millones de pesos.
El presidente de la entidad, Cristian Pereyra, defendió las políticas implementadas por el Gobierno provincial para sostener el sistema sanitario y remarcó que durante los últimos años no se realizaron cortes del servicio de agua a usuarios residenciales.
“En estos siete años de gestión no se le ha cortado el servicio a ningún vecino. Entendemos que el agua es un servicio esencial directamente ligado a la salubridad de la población”, afirmó.
Asimismo, recordó que desde hace siete meses se encuentra vigente una moratoria para facilitar la regularización de deudas y señaló que alrededor de 8 mil usuarios ya adhirieron al esquema.
Desde la DPOSS sostuvieron además que las actualizaciones tarifarias aplicadas durante los primeros meses del año estuvieron por debajo de la inflación acumulada, con el objetivo de preservar el acceso al servicio.
Sin embargo, advirtieron que la eventual aplicación de la ley podría afectar la capacidad operativa y financiera del organismo, comprometiendo inversiones, mantenimiento de infraestructura y futuras obras.
Pereyra también indicó que el régimen tarifario vigente contempla herramientas de asistencia focalizada para usuarios en situación de vulnerabilidad, y consideró necesario mantener la previsibilidad económica para garantizar la continuidad y mejora de los servicios sanitarios en la provincia.