Segunda jornada de juicio por los 128 departamentos para afiliados de ATE, en Barrancas del Pipo.
Gustavo Vázquez declaró ante el Tribunal que el gremio presentaba listados ante el organismo con postulantes que no cumplían requisitos elementales para acceder a viviendas sociales. Afirmó además que el IPV nunca cobró dinero por adjudicaciones y relató amenazas y agresiones físicas sufridas cuando estalló el escándalo.
Gustavo Vázquez, ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda, IPV, en 2018/2019.
La segunda jornada del juicio oral y público por presuntas maniobras de estafa y lavado de activos vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales en el sector Barrancas del Río Pipo volvió a dejar al descubierto detalles sórdidos sobre el funcionamiento interno del esquema sindical investigado y complicó aún más la situación del tristemente histórico dirigente de ATE, Carlos Córdoba, y de Miguel Arana.
En una audiencia marcada por un fuerte operativo de seguridad dispuesto en inmediaciones de los Tribunales de Ushuaia, declaró como testigo el ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) entre 2018 y 2019, Gustavo Vázquez, en la gestión de la gobernadora mandato cumplido Rosana Bertone, quien expuso irregularidades en los listados de adjudicatarios presentados por el sindicato estatal y denunció además situaciones de violencia y amenazas vinculadas al caso.
Vázquez explicó ante el Tribunal que el rol del IPV en el plan de 128 viviendas de Barrancas del Río Pipo era la construcción de las unidades habitacionales, mientras que la preselección de beneficiarios quedaba bajo la órbita de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Según indicó, los listados confeccionados por el gremio ingresaban por mesa de entradas del organismo y luego debían ser depurados debido a la cantidad de postulantes que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas.
El ex funcionario aseguró que muchas de esas listas llevaban las firmas de Carlos Córdoba y Miguel Arana y que entre las irregularidades detectadas figuraban personas que no estaban afiliadas al gremio e incluso individuos que ni siquiera trabajaban en el Estado provincial.
Durante su exposición, Vázquez recordó particularmente el caso de una mujer de avanzada edad que le habría manifestado haber entregado alrededor de 6 mil dólares a Córdoba con el objetivo de ser incluida entre los adjudicatarios, situación ante la cual —según afirmó— le recomendó formalizar la correspondiente denuncia.
Otro de los momentos de mayor tensión de la audiencia se produjo cuando el ex presidente del IPV relató episodios de violencia y “aprietes” que, según afirmó, comenzaron cuando las primeras denuncias tomaron estado público.
Vázquez sostuvo ante los jueces que fue agredido físicamente en varias oportunidades en su propio domicilio y aseguró que otros trabajadores vinculados al IPV también fueron amenazados y golpeados.
El testigo insistió además en deslindar cualquier tipo de responsabilidad institucional del organismo provincial en las maniobras denunciadas, remarcando que el IPV “nunca pidió dinero” para adjudicar viviendas ni utilizó cobradores o intermediarios para recaudar fondos de postulantes.
En ese contexto, afirmó que toda la operatoria investigada habría funcionado por fuera de los mecanismos formales del instituto y se habría iniciado incluso antes de su llegada a la presidencia del organismo, entre los años 2016 y 2017.
Durante el interrogatorio, la defensa de Córdoba le preguntó a Vázquez acerca de cómo podía desconocer lo que supuestamente sucedía dentro del IPV, respondiendo el ex funcionario que tenía “muchísima gente a cargo y muchas responsabilidades”, por lo que resultaba imposible controlar en detalle cada área del organismo.
También confirmó haber mantenido distintas reuniones con Carlos Córdoba durante su gestión, tanto en el IPV como en Casa de Gobierno, aunque aclaró que nunca existió una relación personal entre ambos fuera de las cuestiones vinculadas a la adjudicación de viviendas.
Cabe destacarse que las unidades habitacionales investigadas fueron construidas con financiamiento del Gobierno nacional durante la presidencia de Mauricio Macri y corresponden a departamentos familiares de dos dormitorios emplazados en cercanías del río Pipo, en un sector boscoso de Ushuaia. Según indicó Vázquez, casi la totalidad de los 128 departamentos fueron finalmente entregados “quedando pendientes apenas entre ocho y diez unidades”.
En varios tramos de la audiencia, al ex presidente le fueron exhibidos expedientes, notas y documentación vinculada a los listados de adjudicatarios, reconociendo firmas estampadas por Córdoba y Arana en distintos documentos incorporados a la causa.