Ni Lechman, ni Zanini, ni el 80% de la Legislatura… el tiempo es el mayor enemigo de la modificación parcial de la Constitución de Tierra del Fuego.
Es cierto que la nulidad del llamado a elecciones de convencionales constituyentes dejó a la reforma de la Constitución fueguina al borde del colapso. Sin embargo, el escenario todavía no está completamente cerrado: una eventual decisión de la Corte Suprema podría reactivar el proceso, aunque el tiempo aparece ahora como el principal adversario político y judicial.
La resolución de la jueza electoral Mariel Zanini que declaró recientemente nulo el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes abrió un escenario de máxima incertidumbre política e institucional en Tierra del Fuego.
Aunque el fallo representó un duro golpe para el Gobierno provincial y para el proyecto de modificación parcial de la Constitución fueguina de 1991, el proceso todavía no parece completamente clausurado desde el punto de vista jurídico.
La magistrada entendió que el gobernador Gustavo Melella no podía avanzar con el llamado a elecciones mientras permanezca pendiente de resolución un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el legislador Jorge Lechman. Para Zanini, mientras exista esa discusión abierta ante el máximo tribunal del país, el decreto de convocatoria carece de sustento jurídico suficiente.
De este modo la decisión de la magistrada paralizó el cronograma electoral previsto para el 9 de agosto, generando un escenario complejo para el oficialismo, que ya anticipó apelaciones ante instancias superiores y denunció que el fallo tiene motivaciones políticas más que estrictamente judiciales.
Sin embargo, el desenlace definitivo depende de lo que resuelva la Corte Suprema.
Si el máximo tribunal rechazara en los próximos días la queja presentada por Lechman, el fundamento central utilizado por Zanini para anular la convocatoria podría quedar debilitado de manera inmediata. En ese escenario, el oficialismo podría intentar reactivar el proceso electoral e incluso analizar mecanismos para redefinir la fecha de los comicios, siempre que los tiempos legales y administrativos lo permitieran.
Por el contrario, si la Corte decidiera admitir el planteo y avanzar en el análisis de fondo del caso, la reforma constitucional quedaría virtualmente congelada durante meses o incluso años, debido a sus tiempos habituales de resolución.
Allí aparece otro elemento decisivo: el reloj.
Más allá de la discusión jurídica, hoy el tiempo es el principal enemigo de la reforma. A casi dos meses de la fecha prevista para la elección, cualquier dilación judicial amenaza con volver materialmente imposible cumplir con las etapas preelectorales necesarias para sostener el proceso.
En ese contexto, dentro del oficialismo algunos ya admiten en privado que el proyecto parece haber ingresado en una zona crítica, donde incluso una resolución favorable posterior podría llegar demasiado tarde.
Lo cierto es que la situación actual se asemeja ahora a una compleja partida de ajedrez institucional. El fallo de Zanini pareció configurar un jaque mate sobre la reforma constitucional, pero todavía persiste la posibilidad de que la Corte Suprema altere el tablero con una jugada inesperada.
Es un hecho que si el máximo tribunal desestimara rápidamente la presentación del legislador Jorge Lechman, el proceso podría experimentar una inesperada resurrección política y judicial.
Pero para que eso ocurra, la respuesta debería llegar en cuestión de días. De lo contrario, el calendario terminará haciendo lo que quizás no hayan logrado ni la oposición ni los tribunales: sepultar la posibilidad de la reforma constitucional fueguina, que justamente el 1ero de junio último, cumplió 35 años.