Conflicto por las competencias ambientales en la terminal intervenida.
Los equipos técnicos buscaban controlar residuos peligrosos provenientes de buques, avanzar con la certificación ambiental y fiscalizar recursos hídricos. La Provincia cuestionó la negativa de la autoridad nacional y analiza alternativas administrativas y judiciales.
Equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto de Ushuaia para realizar controles ambientales, pero no pudieron acceder debido a la negativa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), autoridad nacional que interviene en el área portuaria.
La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristófano, explicó que las tareas previstas tienen como objetivos tramitar la certificación ambiental del Puerto, controlar la gestión de los residuos peligrosos provenientes de los buques y fiscalizar los recursos hídricos. En ese sentido, sostuvo que “se trata de controles vinculados con las facultades propias de la Provincia en materia ambiental”.
Uno de los principales puntos señalados por la funcionaria es la necesidad de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos que desembarcan de las embarcaciones. “Para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador del residuo peligroso”, explicó.
Cristófano remarcó que estos residuos requieren un tratamiento específico y deben ser derivados a operadores habilitados, por lo que el seguimiento desde el momento del desembarco resulta necesario para verificar que el circuito se complete de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
A estos controles se suma la fiscalización de los recursos hídricos, con el objetivo de verificar que las actividades desarrolladas dentro del área portuaria no generen impactos negativos sobre el agua. La funcionaria señaló además que las inspecciones forman parte de las tareas habituales de la Secretaría de Ambiente y no constituyen una intervención extraordinaria. Estas tareas incluyen también controles vinculados con obras, drenajes, amarraderos y otras intervenciones que puedan afectar el recurso hídrico.
Respecto del impedimento de ingreso, Cristófano cuestionó la posición sostenida por ANPyN en relación con las competencias provinciales y afirmó: “Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”. Además, señaló que “la Provincia solicitó formalmente que se fundamenten las razones por las cuales el organismo nacional considera que posee competencia para impedir el ingreso de los inspectores”.
La controversia se centra en el alcance de las competencias nacionales sobre la administración portuaria y las facultades provinciales de fiscalización ambiental. La normativa que regula a la ANPyN establece su carácter de autoridad portuaria nacional, aunque la propia Ley de Actividades Portuarias contempla el ejercicio de competencias constitucionales locales.
Tras las sucesivas negativas, el Gobierno provincial reúne los antecedentes y analiza las alternativas administrativas y judiciales para reclamar el acceso de sus equipos técnicos al área portuaria.
“Tratamos de no alterar la situación, ni del privado. Eso es lo que tratamos de resguardar. El hecho está que nuestra protección máxima es el ambiente”, concluyó la funcionaria.