Investigación legislativa sobre la instalación en Tolhuin.
La Comisión Especial Investigadora tomó testimonios de exfuncionarios nacionales en Buenos Aires y obtuvo nuevos elementos para avanzar con la investigación. También solicitará extender su funcionamiento hasta diciembre.

La Comisión Especial Investigadora creada por Resolución de Cámara N° 131/26 avanzó con nuevas medidas para esclarecer las circunstancias en las que se instaló el radar de la empresa LeoLabs en la estancia “El Relincho”, en Tolhuin, y determinar las responsabilidades vinculadas con su emplazamiento.
El cuerpo legislativo, integrado por la totalidad de los legisladores, se trasladó a Buenos Aires para tomar declaración a autoridades que ocupaban cargos de responsabilidad al momento de la instalación del dispositivo en Tierra del Fuego y que, por razones de agenda, no podían viajar a la provincia.
La ronda de testimonios incluyó al exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana; al teniente general Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; y al exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López.
El presidente de la Comisión, legislador Pablo Villegas (MPF), consideró que “las audiencias fueron fundamentales y marcan un hito en la determinación de responsabilidades y en la defensa de la soberanía nacional frente a un equipamiento tecnológico que genera profunda preocupación en los ámbitos de seguridad y protección del país”.
A partir del testimonio de López, la Comisión identificó una alternativa para verificar la situación operativa de las instalaciones ubicadas en la estancia “El Relincho”. Villegas explicó que el exfuncionario de ENACOM señaló que sería factible solicitar a la Jefatura de Gabinete de la Nación que personal técnico del organismo se haga presente en el lugar e inspeccione el radar para determinar si se encuentra en funcionamiento.
“Nos vamos con este dato y seguramente en la próxima reunión vamos a solicitar formalmente al actual jefe de Gabinete del Gobierno nacional”, adelantó Villegas.
El legislador señaló que el pedido se vincula además con la falta de respuesta a un requerimiento realizado previamente ante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). “Ese requerimiento ya ha sido efectuado a la CONAE y todavía, a la fecha, no hemos tenido respuesta”, afirmó.
En paralelo, la Comisión continúa con la recopilación de testimonios y documentación. Villegas explicó que el trabajo se encuentra dividido en distintas etapas y anticipó que se solicitará una prórroga del plazo de funcionamiento hasta diciembre de este año.
“Estamos en plena recolección y producción de medidas probatorias; tomando testimonios, requiriendo y cumplimentando prueba instrumental y documental. Seguramente vamos a solicitar nuevos testimonios de autoridades nacionales y de personas que residen en Tierra del Fuego”, señaló.
Una vez concluidas estas instancias, la Comisión abrirá una etapa de valoración de la prueba para determinar si corresponde convocar a funcionarios provinciales. “Luego de eso abriremos una etapa de valoración crítica de la prueba para definir si se cita o no a funcionarios provinciales, en caso de que se estime que tienen responsabilidades políticas, institucionales o de otra naturaleza”, explicó Villegas.
En ese sentido, el presidente del cuerpo remarcó que todavía no se establecieron responsabilidades y que la investigación busca reconstruir las circunstancias en las que se produjo el emplazamiento de la estructura.
“Falta un tiempo para poder dar una respuesta concreta sobre los responsables de autorizar el ingreso y la puesta en funcionamiento del radar. Trabajamos con la mayor responsabilidad política e institucional posible y queremos aprovechar de la mejor manera este espacio institucional, para aproximarnos a la verdad histórica de cómo sucedió”, sostuvo.
Al referirse a la presencia de la empresa en territorio fueguino, Villegas afirmó: “No es posible ni admisible que una empresa vinculada con la potencia usurpadora de nuestras Malvinas, como es el Reino Unido de Gran Bretaña, se instale en nuestro territorio y no haya responsables”.
De las reuniones realizadas en Buenos Aires participaron los legisladores Matías Lapadula (PG) y Pablo Villegas (MPF), y las legisladoras Natalia Gracianía (LLA) y Gisela Dos Santos (ST). De manera remota participaron la legisladora María Laura Colazo (PV) y los legisladores Federico Sciurano y Federico Greve (FORJA).
También estuvieron presentes representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y Luciano Moreno, de la Unión Malvinizadora Argentina.