Para paliar la demanda habitacional de Ushuaia.
La iniciativa del legislador justicialista consiste en transferir al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat predios fiscales provinciales ubicados en un sector que cuenta con servicios de agua, gas y cloacas.
El legislador Juan Carlos Pino, integrante del bloque del PJ, impulsa un proyecto para transferir al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat – IPVyH – predios fiscales de la Provincia ubicados en inmediaciones del barrio Mirador de los Andes, más conocido como 640 Viviendas, en Ushuaia, con el objetivo de incorporarlos al circuito de soluciones habitacionales.
Según explicó Pino, se trata de terrenos que cuentan con acceso vial desde la calle Juan Manuel Otero.
“Estos predios están rodeados de servicios esenciales de agua, gas y cloacas por lo cual se pueden parcelar y entregar a los vecinos que están en la demanda habitacional”, sostuvo el legislador.
La iniciativa apunta a ampliar la disponibilidad de tierras para vivienda en un escenario en el que, según planteó Pino, los costos de los alquileres dificultan cada vez más el acceso a una solución habitacional para numerosas familias.
En ese contexto, consideró necesario “dinamizar” el rol del IPVyH para agilizar el acceso a la tierra y planteó evaluar alternativas de construcción y entrega de viviendas de manera anticipada o progresiva.
Esta última posibilidad quedaría sujeta, de acuerdo con el proyecto, a que estén garantizadas las condiciones de habitabilidad y seguridad y la disponibilidad de los servicios esenciales.
Para fundamentar su proyecto, Pino argumentó que “estos terrenos representan una posibilidad de ampliar la superficie de tierras fiscales aptas para atender la demanda habitacional” y planteó que su regularización permitiría además “ordenar e integrar el sector a la trama urbana existente”.
“Esta es una oportunidad estratégica fundamental para disponer de una mayor superficie de tierras fiscales aptas para dar respuestas a la creciente demanda habitacional”, afirmó.
El legislador sostuvo finalmente que la regularización del sector permitiría asignarle una función pública y social a terrenos que actualmente, según describió, no tienen un uso planificado.