Explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
La presentación judicial impulsada recibió el respaldo de intendentes de todo el país durante una asamblea de la Federación Argentina de Municipios. La entidad también cuestionó el fallo de la Corte Suprema sobre la extranjerización de tierras.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, llevó ante la Federación Argentina de Municipios – FAM – el reclamo judicial promovido por el Municipio contra la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas. La presentación recibió el respaldo de intendentes de distintos puntos del país, según informó el Municipio.
Durante la asamblea de la entidad, Pérez sostuvo que “Río Grande tiene la responsabilidad de poner voz a nivel nacional en cuestiones vinculadas con la soberanía y la Causa Malvinas”. En ese marco, destacó el acompañamiento obtenido a la acción judicial que busca frenar la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La Federación Argentina de Municipios fue creada por ley nacional en 1997 y reúne a más de 500 municipios. Entre sus objetivos figura la representación institucional de sus asociados ante autoridades nacionales y provinciales y la defensa de la autonomía municipal.
“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, señaló el intendente al anunciar la presentación. Y resumió su posición con otra frase: “Defender Malvinas también es actuar”.
Respecto del reclamo por los hidrocarburos, Pérez había planteado que “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, al mismo tiempo que valoró la intervención de la Justicia Federal de Río Grande frente al proyecto hidrocarburífero.
El intendente también sostuvo por último que “la defensa de nuestros intereses requiere llevar adelante acciones concretas” y reafirmó que “Río Grande debe participar activamente en los ámbitos donde se discutan cuestiones estratégicas para el país”.
El pronunciamiento de la FAM no se limitó al conflicto por la explotación hidrocarburífera. A través de su Secretaría de Malvinas y Soberanía, la entidad manifestó además su preocupación por distintas medidas del Gobierno nacional que, según sostiene, afectan la soberanía y la integridad territorial. En particular, el comunicado expresó su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por cuestiones formales y procesales, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, referido a las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.