El juez Sergio Pepe lo dispuso, luego de reiteradas negativas de la parte interventora al ingreso de inspectores y las versiones de la existencia de residuos peligrosos.
Los controles, realizados con el apoyo de personal de la Prefectura Ushuaia, apuntaron a verificar posibles derrames y las condiciones del predio intervenido por el Gobierno nacional desde el 20 de enero de este año. En la ocasión también fue notificado de derechos y garantías el delegado de la intervención Fernando Ariel Polizzi.
La Justicia provincial ordenó el ingreso de funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente al Puerto de Ushuaia para realizar inspecciones sobre el manejo de residuos peligrosos, las instalaciones y las condiciones ambientales del predio. La medida fue dispuesta este miércoles 28 de octubre por el juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, abogado Sergio Pepe, después de reiterados impedimentos denunciados por la Fiscalía de Estado para que los organismos provinciales pudieran ejercer sus facultades de control.
La resolución autoriza el registro de distintos sectores del puerto, ubicado en avenida Maipú 510, con el propósito de verificar las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos, detectar eventuales pérdidas o derrames y examinar instalaciones y obras que puedan afectar el recurso hídrico. El procedimiento se llevó adelante con el apoyo de personal de la Prefectura Ushuaia.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en el conflicto institucional que rodea al puerto desde que el Gobierno nacional dispuso su intervención administrativa el 20 de enero de este año, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Desde entonces, la administración de la terminal quedó bajo conducción nacional, en medio de una controversia con las autoridades fueguinas.
La autorización autoriza a los inspectores a examinar nueve sectores e instalaciones del predio portuario. Entre ellos figuran el Muelle de Catamaranes, el Muelle Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico y los espacios destinados al almacenamiento de residuos. También abarca áreas próximas a antiguos tanques de combustible, sectores de relleno, obras e infraestructura en contacto con el agua y sistemas de drenaje pluvial.
Los inspectores deberán comprobar si existen residuos peligrosos, identificar sus condiciones de almacenamiento, clasificación y seguridad y reunir información que permita establecer su trazabilidad, desde el ingreso hasta su eventual tratamiento y disposición final.
Las tareas incluyen, además, la búsqueda de posibles pérdidas, derrames o indicios de contaminación y la revisión de las condiciones ambientales vinculadas con la descarga de residuos provenientes de las bases antárticas argentinas y con las actividades de las agencias marítimas que operan en la terminal.
El equipo provincial autorizado está integrado por la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, a cargo de la Secretaría de Ambiente, Lisi Cristófano; el director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo; el hidrólogo Sergio Müller y la directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz.
La ejecución de la medida quedó a cargo del jefe de la Prefectura Ushuaia o del personal que designe. La resolución contempla el uso de la fuerza pública únicamente si resulta estrictamente necesario para cumplir la orden.
¿Hay residuos peligrosos?
Uno de los puntos que las autoridades provinciales pretenden esclarecer es el destino de residuos peligrosos que, según un informe de gestión correspondiente a 2025, permanecían almacenados en las instalaciones portuarias.
El retiro de esos materiales estaba previsto para enero de 2026, pero, de acuerdo con la información presentada ante la Justicia, no habría podido concretarse.
La Secretaría de Ambiente manifestó que actualmente desconoce la cantidad, la ubicación y las condiciones en que se encontrarían esos residuos. La ANPyN, por su parte, sostuvo que no existen residuos peligrosos dentro del predio.
La diferencia entre ambas posiciones vuelve necesario establecer qué materiales hay efectivamente en el puerto.
La preocupación también está vinculada con la Campaña Antártica, cuyo período operativo se extiende entre octubre y abril. Durante esos meses se desarrollan actividades relacionadas con la recepción y gestión de residuos provenientes de las bases argentinas, por lo que las autoridades provinciales consideran necesario mantener los controles ambientales.
Controles impedidos
La intervención judicial se originó en una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado el 14 de octubre, luego de que inspectores de la Secretaría de Ambiente no pudieran ingresar al puerto los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre.
Posteriormente, el Ministerio de Producción y Ambiente informó un nuevo impedimento ocurrido el 19 de octubre y solicitó que se adoptaran medidas para garantizar el acceso de los equipos técnicos.
Ante la reiteración de las negativas, la Fiscalía de Estado recurrió a la Justicia para obtener una autorización que permitiera concretar las inspecciones.
El juez consideró entonces que los impedimentos denunciados y la necesidad de verificar presencialmente las condiciones ambientales justificaban la intervención judicial.
Cabe destacarse que la autorización para inspeccionar el puerto se produjo dos días después de otra resolución de Pepe, fechada el lunes 26 de octubre, que dispuso continuar la investigación en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo.
La causa había sido remitida al fuero federal, pero el Juzgado Federal de Garantías rechazó asumir la competencia y devolvió las actuaciones a la Justicia provincial.
Por último el juez Pepe en su resolución ordenó notificar a Fernando Ariel Polizzi, designado para ejercer la conducción interventora del puerto, sobre los derechos y garantías que le corresponden en el marco de la investigación.