Comenzó el juicio por la agresión a un preso que casi había matado a un niño

Se presentaron en el recinto de debate solo tres de los cuatro imputados. El debate comenzó en Ushuaia con el fallecido preso Jonathan Quiroga, como víctima. Los hechos se remontan a mayo de 2021 y recién llegan a juicio 5 años después. El sujeto cumplía una condena de 13 años por brutales castigos que había infligido al hijo de su pareja, de apenas cinco años. La investigación apunta a que otros detenidos lo hostigaron y golpearon, presuntamente para “hacer justicia por mano propia”.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur comenzó este lunes 2 de noviembre el debate oral contra cuatro hombres acusados de haber sometido a torturas a Jonathan Quiroga, un interno del Centro de Detención de Ushuaia, durante mayo de 2021. El caso tiene un trasfondo particular: la víctima de las presuntas agresiones cumplía una condena de 13 años de prisión por haber sometido a brutales castigos al hijo de su pareja, un niño de cinco años.

Durante la primera jornada, el fiscal Daniel Curtale dio lectura a la acusación que dio origen al proceso. Luego, el imputado Federico Sebastián Álvarez Vera se remitió a la declaración que había brindado durante la etapa de investigación, mientras que Jorge Matías Arcos Álamo y Dylan Alan Monier optaron por no declarar. Alejandro Florentín, por su parte, no se presentó a la audiencia.

Los cuatro imputados deben responder por el delito de tortura reiterada, en un número indeterminado de oportunidades. También se les atribuye haber privado ilegítimamente de la libertad a Quiroga mediante el uso de violencia o amenazas.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido el 19 de mayo de 2021, cuando los imputados presuntamente atacaron al interno con golpes en distintas partes del cuerpo, algunos de ellos aplicados con objetos contundentes. La investigación sostiene que las agresiones le provocaron lesiones físicas y sufrimientos psicológicos, y que no se habrían limitado a un episodio aislado.

Uno de los aspectos más delicados del caso es el posible móvil de las agresiones. La hipótesis investigativa apunta a que otros internos habrían comenzado a hostigar a Quiroga y luego avanzaron sobre él con violencia física y psicológica, en represalia por los graves hechos por los que había sido condenado. La presunta decisión de “hacer justicia por mano propia” habría derivado en un escenario de hostigamiento que, según se investiga, pudo haber tenido relación con el posterior suicidio del detenido.

UNA CONDENA POR BRUTALES CASTIGOS A UN NIÑO

Quiroga cumplía una pena de 13 años de prisión impuesta en 2017, luego de ser condenado por las lesiones gravísimas que le había provocado al hijo de su pareja, Elizabeth Sáez, un niño de apenas cinco años. Los castigos incluían introducirle los pies en baldes con agua muy caliente, lo que le ocasionó quemaduras, una fisura de cráneo y politraumatismos en distintas partes del cuerpo. Todo esto fue descubierto por su abuelo, en una visita al domicilio, quien no dudó en radicar una denuncia en la Policía.

A esa condena se le habían unificado otras sentencias, entre ellas una por maltrato a otro menor y otra por estafa. Su pareja, Elizabeth Sáez, también había sido condenada a cinco años de prisión por abandono de persona doblemente agravado por el vínculo.

Como es lógico, el lustro transcurrido modificó la situación de los acusados: de los cuatro presos, solamente Dylan Alan Monier permanece actualmente detenido en el Servicio Penitenciario. Los otros tres ya cumplieron sus respectivas condenas y recuperaron la libertad.

El debate continuará este martes 3 de noviembre con la declaración de tres testigos: el suboficial Ariel Ciares y Zaira Wirz, ambos integrantes del Servicio Penitenciario, y la médica del Hospital Regional Ushuaia, Brenda Rocío Alfieri. Los alegatos de las partes están previstos para el miércoles 4.

El Tribunal está presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía e integrado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación está a cargo del fiscal Daniel Curtale, mientras que el defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann representa a Florentín, Arcos Álamo y Álvarez Vera.


Edición: Diario Prensa
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