La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Río Grande. Juan Vicente, secretario del juzgado, explicó los alcances de la cautelar que ordenó suspender la actividad pesquera de más de una docena de empresas extranjeras en aguas circundantes a Malvinas. La mayoría tiene sede en España y deberá ser notificada a través de Cancillería.
El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, explicó los alcances de la medida cautelar dictada por la jueza Mariel Borruto, que ordenó suspender la actividad pesquera de más de una docena de empresas extranjeras en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Según precisó, la mayoría de las compañías alcanzadas tiene sede en España y desarrolla tareas extractivas bajo autorizaciones emitidas por el gobierno ilegítimo de las islas.
En declaraciones a la prensa, Vicente aclaró que el caso presenta características diferentes a las investigaciones vinculadas con la pesca de embarcaciones chinas en el Atlántico Sur. ‘‘No estamos hablando de pesca ilegal de buques chinos. Este caso es distinto, son buques que están pescando en aguas circundantes Malvinas, dentro del espacio marítimo y ellos lo hacen bajo la convicción de la autorización de un Estado que no tiene soberanía sobre las Islas’’, señaló.
El funcionario explicó que la resolución dispuso el cese de la actividad hasta que pueda determinarse si las empresas cuentan con autorización del Estado argentino para realizar tareas extractivas. ‘‘Son más de una docena de empresas que tienen sede mayormente en España o en unas empresas vinculadas con Nueva Bretaña y que están usufructuando aparentemente empresas que no son del Estado Nacional argentino’’, indicó.
El fundamento ambiental de la cautelar
Vicente detalló que la medida se originó en una demanda civil de naturaleza ambiental, que plantea que la explotación pesquera sin autorización argentina puede generar un desequilibrio en la biodiversidad marina.
‘‘Toda actividad extractiva tiene un impacto ambiental. En este caso, al tratarse de una explotación que el Estado Nacional no autorizó, no hay beneficio para el Estado Nacional y sí hay un riesgo inminente, como propio de toda actividad extractiva de esta índole, que va a provocar un perjuicio en la biodiversidad dentro del mar Argentino’’, sostuvo.
En ese sentido, explicó que la cautelar busca evitar que la actividad continúe mientras se tramita la demanda y se analiza el fondo de la cuestión. Para fundamentar este tipo de decisiones, recordó, deben considerarse la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, es decir, la posibilidad de que se produzca un daño que luego resulte imposible de reparar.
Notificación a través de Cancillería
Uno de los aspectos que resta cumplir es la comunicación formal de la resolución a las empresas alcanzadas. Como tienen domicilio fuera del país, las notificaciones deberán canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
‘‘Como sucede en toda demanda donde hay demandados que tienen domicilio fuera de la Argentina, lo que hay que hacer son comunicaciones por intermedio de la Cancillería, que desde las relaciones exteriores es quien tiene a su cargo la representación del Estado Nacional ante la comunidad internacional’’, explicó Vicente.
Una vez notificadas, las compañías deberán tomar conocimiento de la decisión judicial y podrán presentarse en el expediente. Además, se les solicitará que aporten documentación sobre las operaciones realizadas y que acrediten la actividad extractiva desarrollada en el área.
El secretario señaló que las empresas podrán ofrecer las pruebas que consideren pertinentes para ejercer su defensa. También indicó que el juzgado tuvo intervenciones anteriores vinculadas con actividades extractivas en la zona de Malvinas, aunque esta causa presenta características particulares y constituye el primer antecedente de este tipo en el ámbito pesquero.