La Justicia se lavó las manos

Usurpación de tierras en la reserva natural Bosque del Faldeo, en Ushuaia.

Luego del desarme de casillas en tierras fiscales, ocasión en que varios policías resultaron heridos, la Municipalidad capitalina impulsó una denuncia penal que desde el ámbito judicial fue rechazada. Contra toda expectativa, el Juzgado de Instrucción Nro. 2 del D.J.S. se expidió sosteniendo que no le compete el tema

La Justicia se lavó las manos

“La autoridad administrativa municipal es titular del poder de autotela y debe velar por el recto funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo su esfera” – deslindó competencias en las últimas horas, el Juzgado de Instrucción Nro. 2 del D.J.S, cuya titular es la jueza Cristina Barrionuevo, con la Secretaría de ese Tribunal a cargo de la abogada Mercedes López Vega.
El escrito surge en respuesta a la denuncia penal impulsada por el intendente Walter Vuoto a raíz de los reiterados intentos de usurpación de tierras que se vienen registrando, logrando su punto cúlmine el lunes último, cuando un grupo de sujetos armados de palos, piedras, hielo y otros elementos contundentes, repelieron con violencia el desarme de las casillas, carpas y cubículos de nylon que habían instalado en la reserva Bosque del Faldeo, por arriba del nivel del barrio homónimo y el lindero, el barrio Ecológico, en la parte alta de la ciudad y en donde concluye la calle Pista de Esquí.
“Se trata de un conflicto social que bien podría ser resuelto en el ámbito administrativo” – sentenció el mencionado Juzgado, para afirmar a continuación que “se vislumbra una problemática social de derecho común que no permite afirmar certeramente que se habría cometido un ilícito penal”.
En consecuencia, la jueza María Cristina Barrionuevo opinó en su resolución que “no es procedente la sustanciación de un conflicto de carácter social o civil, en sede penal”.
De este modo la Justicia dejó en absoluta soledad al titular del Municipio, Walter Vuoto, en su intento de acompañamiento y respaldo para mantener el orden público en cuanto a la toma irregular de tierras, afirmando la magistrada que “es deber y atribución del intendente municipal administrar y disponer de los bienes de dominio público y privado, según dicta la Carta Orgánica Municipal”.


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