A 42 años del Golpe

El sábado 24 de marzo se cumplieron 42 años del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
El golpe se dio en el convulsionado escenario social y político producto de años de lucha entre la clase trabajadora y sectores sociales minoritarios que, desde el 16 de septiembre de 1955, supieron utilizar al “partido militar” para sortear el obstáculo de las urnas e imponer proyectos políticos que buscaban mitigar el fenomenal avance que significó la aparición del peronismo en la historia nacional.
Es verdad que existieron golpes de Estado anteriores a la irrupción del peronismo, uno en 1930 que instauró el control conservador sobre los resortes políticos del Estado y exacerbó el fraude electoral y otro en 1943, el único de los golpes de Estado que tuvo un cariz anti oligárquico en la historia argentina y que, entre otras cosas, enterró para siempre la endemia del fraude electoral.
Con el peronismo proscripto a partir de 1955, a los poderes minoritarios y facciosos les fue más fácil aún derrocar los gobiernos “constitucionales” de Frondizi e Illia, que soñaron con ejercer un poder real en una democracia tutelada por el partido militar, que periódicamente realizaban planteos a las autoridades legalmente constituidas. Es que muchos parecen olvidar que desde 1955 a 1973, la mitad de la masa electoral argentina era peronista. Lo que equivale decir que, al estar proscripto el peronismo, la mitad del pueblo argentino estaba impedido de expresar su voluntad política.
Luego de 18 años de lucha y resistencia, el peronismo pudo levantar su proscripción y retornó al poder en 1973, pero la reacción militar no se hizo esperar y un 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron nuevamente al gobierno constitucional.
Es cierto que desde 1930, los golpes militares se hicieron frecuentes en la historia nacional, pero la dictadura que comenzó aquel 24 de marzo de 1976 inauguró ciertas metodologías políticas y sociales que la colocaron en un triste podio macabro de la historia universal: la desaparición forzada de miles de personas sin dejar registros oficiales y la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio para entregárselos a familias ajenas, significó un temerario salto al abismo del sadismo humano, donde ni las novelas más impactantes de las oscuras páginas del genocidio armenio o de las páginas negras del nazismo en Auschwitz tienen nada que envidiarle.
Al menos los nazis dejaron registro de los atroces crímenes que cometieron contra las etnias minoritarias de Europa. No así el terrorismo de Estado en Argentina, que inauguró la infame tortura en vida de todos aquellos que aún buscan a sus familiares asesinados o apropiados y sobre los que pesa la condena de no poder realizar el duelo de la pérdida del familiar o ser querido. Todos en esta vida hemos perdido algún ser querido, y sabemos que los velorios, por incómodos que nos parezcan, sirven para reafirmar la ausencia y la resignación que la vida humana es finita. En los velorios los cadáveres son expuestos para convencernos que aquel ser que yace ante nuestros ojos, ha pasado a una condición diferente que el resto de los seres vivos. Sirven para resignarnos, para ayudarnos a comprender que no los veremos más.
La Dictadura que colocó al General Videla como presidente, tuvo entonces el triste privilegio de inaugurar el terrorismo de Estado como un plan sistemático integral de disciplinamiento social, con el fin de implementar un modelo político y económico regresivo, en el que colaboraron diferentes grupos de la sociedad civil aportando sus cuadros técnicos (y solapadamente políticos) y que, a la postre, endeudó externamente al Estado nacional sin derramar un centavo en las necesidades de los estratos populares.
La primera faceta del Terrorismo de Estado en la Argentina fue justamente, instaurar el terror. Y el terror, en la modalidad en que fue impuesto por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, fue volcar la suma del poder público contra el conjunto de la población. No se trataba de la lucha entre un grupo político armado y otro, sino del Estado contra ciertos grupos armados y contra la población en general.
Los grupos de tareas de la represión ilegal, desbarataron en un tiempo récord los minúsculos grupos armados, para luego descargar la barbarie de la tortura y la muerte, sobre la población en general. Estos grupos de tareas, a la sombra de cualquier control público, se dedicaron también al robo, la coacción y el tráfico de bienes y personas. La Dictadura militar, durante y después del Proceso, justificó su accionar en una supuesta “guerra sucia” contra un enemigo “apátrida” que recurría al terrorismo de los ataques sorpresivos inspirados en la ideología subversiva del marxismo internacional. Pero todo ese argumento quedó desautorizado luego de que la Justicia comprobara la escasa efectividad de las organizaciones armadas de la denominada extrema izquierda, que pagaron con su vida también en enfrentamientos reales, o fraguados, o en los campos de detención clandestina.
Lo cierto es que la verdadera “guerra sucia” fue protagonizada por aquellos que se decían combatirla, razón por la cual, aún hoy, a 35 años del retorno de la democracia, algunos de los protagonistas de los grupos de tareas que protagonizaron la represión ilegal, y los responsables jerárquicos del genocidio ideológico, los que aún quedan con vida, siguen desfilando en la infame pasarela de los crímenes de lesa humanidad.
La bandera que enarbolan los organismos de Derechos Humanos en nuestro país comenzó a flamear luego de 1945, cuando el mundo contemporáneo se anotició masivamente de las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Allí surgió la noción política de “lesa humanidad” como crímenes imprescriptibles de un Estado terrorista contra la población indefensa. La dictadura argentina, tuvo el triste privilegio de sumar un capítulo nefasto a esa terrorífica novela de abusos, desaparición, tortura y muerte.
Existe una errónea expresión que indica que “los derechos humanos existen solo para los delincuentes”. Si bien en la actualidad suelen equipararse los derechos sociales básicos de subsistencia a los derechos humanos, ambas dimensiones legales tienen diferentes orígenes. Los derechos humanos entendidos como crímenes de lesa humanidad, remiten a la acción de los terrorismos de Estado, donde el poder del conjunto de la población se direcciona para atormentar a los individuos avasallando toda garantía constitucional. Y la primer garantía del conjunto de la población delegada en el Estado es que ese poder fenomenal no irá direccionado a maltratar al individuo, que además lo compone en tanto ciudadano.
El 24 de marzo de 1976, fecha tristemente emblemática de nuestra historia nacional, nos recuerda cada año que los argentinos transitamos la espantosa historia del terrorismo de Estado. Cada 24 de marzo es la ocasión para la lucha, una lucha dócil pero inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia. No es la lucha entre vencedores y vencidos de una guerra sucia, sino la expresión de un pueblo que cada año saca, de las cenizas de aquel infierno, las enseñanzas para forjar un futuro sin miedos, en libertad y con conciencia del pasado reciente.