Un aniversario inquietante en el oscuro caso ATE.
El Tribunal de Juicio dará a conocer este viernes 29 de mayo la sentencia en la causa por la venta irregular de viviendas sociales de ATE. El 29 de mayo de 2018, el afiliado Daniel Belbey, se quitó la vida, en medio de confusas circunstancias.
Daniel Alberto Belbey, fue secretario de Acción Social de ATE Ushuaia.
A días de conocerse el veredicto en el juicio oral por las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación de los 128 departamentos construidos en las Barrancas del Río Pipo para afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado, el expediente vuelve a poner en escena uno de sus capítulos más oscuros y violentos.
El próximo 31 de mayo se cumplirán ocho años de la muerte de Daniel Alberto Belbey, secretario de Acción Social de ATE Ushuaia y una de las personas que debía declarar durante la etapa de instrucción de la causa. Belbey fue hallado ahorcado en el sector de tribunas del polideportivo municipal, en un episodio que oficialmente fue considerado un suicidio, aunque hasta hoy persisten versiones y sospechas que ponen en duda que se haya tratado de una decisión voluntaria.
La muerte de Belbey ocurrió apenas días después de otro hecho estremecedor que sacudió al sindicato y que, por entonces, se manejó con extrema reserva: la brutal golpiza sufrida por Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, presidente de la comisión de Viviendas de ATE y uno de los hombres señalados dentro de la estructura que manejaba las adjudicaciones de departamentos.
Belbey y Arana mantenían una relación estrecha. Además de compañeros dentro del gremio y empleados municipales, eran amigos y compadres. Belbey era padrino de uno de los hijos de Arana.
El ataque ocurrió el 25 de mayo de 2018 frente a la vivienda de Arana, ubicada en la esquina de Tolhuin y Carlos Gardel. Dos hombres llegaron hasta el domicilio a plena luz del día. Las cámaras de seguridad instaladas poco antes por el propio Arana —aparentemente ante el temor de que algo pudiera ocurrir— registraron toda la secuencia.
Las imágenes mostraron primero una conversación aparentemente cordial. Incluso se observa cómo uno de los visitantes saluda a Arana estrechándole la mano. Pero segundos después, la situación derivó en una feroz agresión.
Según quedó registrado, uno de los sujetos comenzó a golpearlo con extrema violencia utilizando una manopla metálica, mientras intentaba arrastrarlo hacia un vehículo estacionado en las inmediaciones. Arana se aferró desesperadamente a las rejas de su casa para evitar ser llevado. El otro hombre permaneció a pocos metros, observando la escena sin intervenir.
Finalmente, “Miguelón” cayó desplomado sobre la calle, mareado por los golpes de puño y las patadas que recibió incluso cuando ya estaba en el piso.
Luego, los agresores escaparon del lugar a bordo de un Audi.
El ataque le provocó fracturas de costillas, perforación de pulmón y múltiples traumatismos. Inicialmente, las lesiones parecieron no revestir extrema gravedad, pero con el correr de las horas el cuadro se agravó drásticamente. Arana sufrió una insuficiencia respiratoria severa, fue internado en terapia intensiva del Hospital Regional Ushuaia, intubado, conectado a respirador automático e inducido a coma farmacológico.
A la contusión pulmonar se sumó posteriormente un cuadro de neumonía que mantuvo en vilo a su entorno familiar. Su pareja y sus cinco hijos —dos de los cuales viajaron especialmente desde Córdoba— creyeron que no sobreviviría.
La investigación por la golpiza quedó a cargo del entonces juez Javier Ignacio De Gamas Soler, quien logró identificar a los presuntos agresores y les impuso pautas de conducta mientras avanzaba el expediente.
Sin embargo, fue la muerte de Belbey la que terminó exponiendo públicamente un entramado que hasta entonces permanecía prácticamente oculto fuera de los pasillos sindicales. A partir de allí comenzaron a conocerse denuncias vinculadas a presuntas maniobras irregulares con las viviendas sociales construidas por el IPV con fondos nacionales, bajo la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Rosana Bertone, destinadas exclusivamente a afiliados estatales.
La Justicia dará a conocer su veredicto el próximo 29 de mayo. Otro 29 de mayo pero de 2018, la muerte de Belbey permitía a la opinión pública conocer un entramado siniestro en el que se jugaba con una de las necesidades vitales de las personas, la de contar con un techo sobre la cabeza.
Fuente: Archivo de Diario Prensa Libre.