La iniciativa busca articular acciones jurídicas e institucionales para frenar retrocesos en derechos y garantías.
Un grupo de profesionales del Derecho creó una red apartidaria ante lo que consideran un «grave deterioro del orden democrático y constitucional en la República Argentina».
En un encuentro realizado el jueves último en Ushuaia, un grupo de letrados decidió constituir la “Red de Abogadas y Abogados en Defensa del Estado de Derecho”. El espacio surge como respuesta a la creciente preocupación por lo que califican como una regresión en derechos fundamentales, la persecución judicial y el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país.
La reunión se llevó a cabo en el quincho del Sindicato de Judiciales y fue convocada de manera abierta y apartidaria. En el acta constitutiva, los firmantes expresaron su alarma frente a diversas prácticas del escenario político actual: el cercenamiento de libertades, la criminalización de la protesta social, la intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el uso de mecanismos jurídicos de excepción para perseguir opositores.
Además, manifestaron inquietud por las políticas que, a su entender, afectan la soberanía sobre el Atlántico Sur y la Antártida, y alertaron sobre el resurgimiento de discursos de odio que tensionan la convivencia democrática.
La red se plantea como un espacio profesional de articulación con los siguientes objetivos: defender la vigencia plena del Estado de Derecho, promover acciones frente a la vulneración de derechos humanos, denunciar prácticas autoritarias y sostener el libre ejercicio de la Abogacía como garantía del debido proceso.
Entre las primeras líneas de acción acordadas se incluyen la creación de un observatorio jurídico, la elaboración de informes sobre situaciones de gravedad institucional, presentaciones ante organismos internacionales, generación de pronunciamientos públicos y articulación con otras organizaciones del país.
También se proyecta avanzar en la personería jurídica propia de la red, el análisis de medidas gubernamentales que impliquen regresividad en derechos, y la participación como amicus curiae en causas relevantes.
En la reunión se decidió extender la convocatoria al resto de los colegas, remitir el acta al Colegio de Abogados y fijar un nuevo encuentro para el miércoles 18 de junio.
Firmaron el documento una quincena de profesionales del Derecho, entre ellos ex funcionarios, litigantes y referentes del foro local. Al pie de la resolución conjunta aparecen las firmas de los letrados Lourdes Fennielo, Liliana Gavilán, Juan Cruz Hueto, Carlos Llamas, Cristian López, Sebastián Macucho, Verónica Maestro, César Molina Holguín, Federico Obregón, Dante Pellegrino, Alejo Pons, Fabiana Ríos, Mabel Rodríguez y Victoria Vuoto.