La petrolera británica mantiene el cronograma junto a Navitas Petroleum.
La compañía mantiene como objetivo iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028, mientras su cotización acumula una baja del 29% durante el último mes. Especialistas también cuestionaron aspectos técnicos y económicos del desarrollo offshore en la Cuenca Malvinas Norte.
La petrolera británica Rockhopper Exploration inició la semana con una caída cercana al 15% de sus títulos en la Bolsa de Londres, luego de ratificar su participación en el proyecto offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La compañía acumula una contracción del 29% en su cotización durante el último mes.
Rockhopper desarrolla el proyecto en sociedad con la firma israelí Navitas Petroleum y mantiene como objetivo iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028, pese a las sanciones aplicadas por el Gobierno argentino a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Rockhopper posee el 35% de participación en el desarrollo, mientras que Navitas controla el 65% restante. Una auditoría de la consultora Netherland, Sewell & Associates (NSAI) estimó en 314 millones de barriles las reservas probadas y probables del proyecto, cifra que asciende a 408 millones al incorporar las reservas posibles.
El desarrollo contempla una primera etapa con la utilización de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu. Según el cronograma informado por las empresas, esta fase prevé una producción inicial de 50.000 barriles diarios a través de 11 pozos.
Para una segunda etapa, cuya Decisión Final de Inversión (FID) está proyectada para 2028, Navitas prevé utilizar la plataforma FPSO OSX-1, adquirida en agosto. La incorporación de esta segunda unidad apunta a elevar la producción del proyecto hasta los 180.000 barriles diarios, con una proyección de inicio de operaciones hacia 2030.
Rockhopper informó además que una ampliación de capital por 200 millones de dólares le permite sostener su financiamiento operativo hasta mediados de 2028.
Interrogantes sobre la viabilidad del proyecto
En paralelo a los anuncios de las empresas, el petrofísico argentino Juan Carlos Glorioso planteó cuestionamientos sobre los supuestos técnicos y económicos utilizados para evaluar el desarrollo de Sea Lion.
El especialista puso el foco en el rendimiento esperado de los pozos, la magnitud de las reservas declaradas y las inversiones necesarias para desarrollar el yacimiento. Según sus cálculos, para alcanzar el volumen de reservas probadas y probables atribuido al proyecto, cada pozo debería recuperar en promedio unos 14 millones de barriles durante su vida útil.
A ese requerimiento se suma un gasto de capital estimado en alrededor de 36 millones de dólares por pozo, contemplando la perforación y las instalaciones asociadas. Sobre la base de la información pública disponible, Glorioso consideró que esos parámetros unitarios requieren una evaluación crítica.
La auditoría de NSAI estimó 314 millones de barriles de reservas 2P y 408 millones al incorporar las reservas 3P. Glorioso advirtió, sin embargo, que los recursos contingentes y prospectivos mantienen un nivel de incertidumbre que deberá contrastarse con el rendimiento efectivo de los pozos una vez iniciada la producción comercial.
El especialista también señaló que la primera etapa del proyecto tendrá un alcance acotado respecto de la producción máxima anunciada. A su criterio, la expansión hasta los 180.000 barriles diarios requerirá inversiones significativamente mayores y dependerá de los resultados obtenidos durante la fase inicial.
La posición argentina
El Gobierno argentino considera ilegítima la explotación de hidrocarburos que se desarrolla bajo control británico en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, en el marco del reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
Durante este mes, el Ejecutivo reforzó además la presión sobre las empresas vinculadas con estas actividades mediante un proyecto destinado a endurecer el régimen de sanciones vigente desde 2011, con medidas dirigidas a empresas, accionistas y proveedores.