Se definió en la reunión sostenida entre los representantes de la UOM nacional, de Ushuaia y de Río Grande, Abel Furlan, Héctor Tapia y Oscar Martínez, respectivamente; el gerente general del Grupo Mirgor, José Alonso, y la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, en CABA.
Tras una semana de paro y movilizaciones, sindicatos y empresas sellaron un compromiso que garantiza la continuidad laboral y la paz social en la provincia. Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó la eliminación de aranceles que amenaza a la industria fueguina.
En el marco de un conflicto que tuvo en vilo a la industria electrónica de Tierra del Fuego, sindicatos y empresas firmaron un acuerdo que garantiza la continuidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2025. Según el documento, los trabajadores retomarán sus tareas habituales y las empresas se comprometieron a no efectuar despidos sin causa. Además, se congelará el cese de contratos a plazo fijo o eventuales, salvo lo acordado puntualmente entre la UOM Río Grande y las firmas FAPESA y SOLNIK S.A.
El entendimiento también incluye el compromiso de mantener la paz social y evitar conflictos colectivos, en un contexto signado por la crisis derivada del Decreto 333/25, que eliminó aranceles e impuestos internos a productos electrónicos importados.
En paralelo, se conformará en los próximos 10 días una mesa de diálogo con participación de representantes empresariales, sindicales y autoridades nacionales y provinciales. El objetivo será elaborar propuestas sostenibles que garanticen la continuidad de la producción y la protección del empleo.
El gobernador Gustavo Melella confirmó el acuerdo en diálogo con Radio 10, subrayando que “las empresas se comprometieron a conservar los puestos de trabajo y reordenar la producción”. También anticipó la firma de un acta conjunta entre gobierno, gremios y compañías, y mencionó la posibilidad de presentar un recurso de amparo.
El acuerdo llega tras una semana de paro y movilizaciones en rechazo a la eliminación de los aranceles para celulares y a la reducción de impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados. La medida del Gobierno nacional pone en riesgo el 45% de la producción electrónica del país, concentrada en Tierra del Fuego, y amenaza más de 6 mil empleos directos, además de miles de empleos indirectos vinculados al sector.
Pese al acuerdo local, el conflicto sigue abierto. Desde el Ejecutivo nacional ratificaron su postura: “No hay ninguna marcha atrás con las decisiones adoptadas”, declaró el vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni.