En Río Grande.
Una mujer de 22 años y un hombre de 42 comenzaron a ser juzgados por hechos detectados en el mes de febrero de 2022 por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Se los acusa de haber producido material de abuso sexual infantil para venderlo a redes de pedófilos de América, Europa y Asia.
Se trata de un caso de grooming con características inéditas en el ámbito judicial fueguino. Los imputados, una pareja residente en Río Grande integrada por un hombre de 42 años y una mujer de 22, están acusados de haber montado en su domicilio una organización dedicada a la obtención, producción y comercialización de imágenes y filmaciones de abuso sexual infantil, material que —según la acusación— era distribuido a redes internacionales de pedófilos.
El accionar fue detectado en febrero de 2022 por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), con sede en Estados Unidos que opera a través del sistema CyberTipline, organismo internacional de reportes sobre explotación sexual infantil en línea. La alerta indicó que desde dispositivos ubicados en la ciudad de Río Grande se registraban movimientos reiterados de archivos vinculados con abuso sexual infantil, lo que dio intervención a la Justicia del Distrito Judicial Norte.
A partir de esa notificación se inició una investigación que derivó en el actual juicio oral y no público, que comenzó el miércoles 11 de febrero, cuatro años después del inicio de la causa.
De acuerdo con lo expuesto en el requerimiento fiscal, la mujer imputada – cuyo aspecto físico remite a la imagen de una adolescente, pese a ser mayor de edad – establecía contacto con menores a través de redes sociales, iniciaba conversaciones y, tras enviar imágenes de contenido erótico, les pedía el envío de fotografías y videos íntimos. Ese material, según la acusación, era almacenado en carpetas digitales y posteriormente distribuido. La investigación también sostiene que parte del contenido comercializado habría sido producido por los propios acusados, con la victimización de niños de Río Grande.
El análisis de los dispositivos secuestrados —computadoras y teléfonos celulares— permitió a la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas determinar la existencia de cuatro hechos concretos que son los que actualmente se ventilan en el debate. Según trascendió, el volumen de archivos almacenados sería de miles de imágenes y videos.
Durante la primera jornada del juicio, los imputados se mostraron con un gesto de desdén y frialdad, y muy preocupados por ocultarse el rostro y preservar su identidad. Al ser invitados por los jueces a dar su versión de lo ocurrido, optaron por guardar silencio.
A continuación, los peritos de la Unidad de Delitos Complejos expusieron un informe técnico pormenorizado sobre las tareas investigativas realizadas.
Los acusados llegaron al proceso en libertad, ya que no registraron detención durante la etapa de instrucción. De ser hallados culpables, enfrentan penas severas de efectivo cumplimiento.
Tras la incorporación por lectura de testimonios, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio por una semana, hasta que el miércoles 18 de febrero se lo retome con el inicio a la etapa de alegatos.
El Tribunal encargado de impartir justicia está compuesto por los jueces Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López; el Ministerio Público Fiscal está representado por Vanina Cantiani, mientras que la defensa es ejercida por los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Nacarato.