Juicio por el hundimiento del submarino.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales sostuvieron que los acusados conocían las deficiencias operativas de la embarcación y que el hundimiento, donde murieron sus 44 tripulantes, pudo haberse evitado.
La fiscalía solicitó penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los imputados conocían las deficiencias operativas del submarino y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio. En ese marco, afirmaron que el resultado “era predecible” y que “el hecho hubiera podido evitarse”.
Los fiscales solicitaron cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para el excapitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos. Según la acusación, ambos autorizaron operaciones pese a las restricciones y problemas que presentaba la nave.
Asimismo, pidieron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro imputados llegaron al juicio en libertad.
La fiscalía sostuvo que el submarino acumulaba antecedentes técnicos que debían haber motivado mayores controles y medidas preventivas. Según la acusación, los imputados contaban con información suficiente para advertir los riesgos asociados a la navegación de la embarcación.
Durante la exposición también se hizo referencia a una inspección de seguridad que, de acuerdo con los fiscales, fue postergada para diciembre de 2017 debido a la prioridad otorgada a las operaciones del submarino.
La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Andrea Garmendia, sostuvo respecto de Villamide que “debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.
Tras los alegatos del Ministerio Público Fiscal, deberán exponer las querellas y posteriormente las defensas de los acusados.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Sus restos fueron hallados un año después a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.