Todo sí, menos la emergencia administrativa que pasó a marzo…

EL VIERNES SE TRATO EL PAQUETE DE LEYES IMPULSADO POR EL EJECUTIVO.

Tal como estaba anunciado, el pasado viernes se dio tratamiento al segundo proyecto de declaración de emergencia provincial, presentado por el Ejecutivo fueguino ante el Legislativo.  Como ya se publicó antes, a pocas horas de haber asumido Gustavo Melella ingresó un proyecto en borrador que terminó por retirar ante la fuerte resistencia principalmente de las municipalidades, que se veían perjudicadas por el articulado que las aludía. Luego de pedir disculpas por el contenido del proyecto abortado y de atribuir el resistido texto a su equipo técnico, el nuevo gobernador volvió a la carga pero esta vez con otro proyecto en el que no obstante –  a excepción de lo relativo a los municipios –  se trasladaron casi intactos los artículos del primero. Uno a uno los distintos segmentos de la emergencia provincial que incluía apartados referidos al puerto, a la Salud, a la Educación, a la Caja de Previsión de los empleados públicos y a la Administración, los legisladores fueron dándole tratamiento, sorprendiendo la cantidad de manos alzadas, desde las bancas oficialistas y también desde las opositoras, aprobándolos. Solo en un apartado, el referido a la emergencia administrativa que incluía entre otros items la autorización al Gobierno para que emita 2 mil millones de pesos en Letras de Tesorería, no hubo acuerdo, no obstante no fue pasado a archivo. Solo se generó un compás de espera hasta marzo, enviándolo a comisión, y ya fue incluido para su tratamiento nuevamente.

En la sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron las emergencias en los sistemas previsional y sanitario y en infraestructura educativa. Los últimos dos fueron sancionados por unanimidad, mientras que el proyecto vinculado con el sistema jubilatorio provincial contó con el acompañamiento de 12 votos, y la negativa de los tres integrantes del bloque del Partido Verde, Victoria Vuoto, Laura y Jorge Colazo.    En relación con el proyecto de emergencia previsional en el texto se faculta al Gobierno a utilizar una parte de las utilidades el Banco de la Provincia (BTF), el aporte adicional de funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, autoridades electas y designadas de la Legislatura Provincial, autoridades de los órganos de control de la Provincia, y de aquellos que cumplen funciones directivas y gerenciales del BTF, para paliar el déficit del sistema previsional del sector público provincial.     Para el mismo fin también se acordó la creación de un nuevo “fondo solidario”, tal como ocurrió en la gestión gubernamental anterior, integrado por un aporte compensatorio del 12% del haber pleno hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a retener a los pasivos que para acceder al beneficio se les computó al cese de servicios con aportes a Caja provincial por un lapso menor a 10 años y que perciben un haber previsional que supere la asignación básica remunerativa del gobernador.     Se modificó asimismo el artículo 8° bis de la Ley provincial N° 561, que incorpora la Ley provincial N° 1210, referente a la integración de los recursos que integrarán el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional y se establece que anualmente se debe remitir a la Caja de Previsión Social el exceso de ingresos percibidos sobre los gastos devengados de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), entre otras medidas.     Por otro lado, la emergencia sanitaria designa una «Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas Públicas a los fines de elaborar, en el término de 60 días corridos un Plan Director de infraestructura para el mejoramiento, refuncionalización y ampliación de los hospitales y centros de atención primaria (CAPS) de las ciudades».     Es de destacar que también fue aprobado uno de los puntos más resistidos como es la concesión al Ejecutivo de la facultad de omitir la figura de la licitación pública para la contratación de personas o compra de artículos. En el caso de las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y obra pública que deban realizarse para garantizar el normal funcionamiento de los servicios de salud, «podrán realizarse dentro del procedimiento de Licitación Privada o de manera directa, y en un todo de acuerdo con lo establecido la Ley provincial N° 1015″.     Esta normativa también refiere a la falta de profesionales y en este aspecto, exceptúa regirse de cualquier tipo de convocatoria o concurso. Se permitirá el ingreso directo para la cobertura inmediata» en atención a la idoneidad y la habilitación profesional.     En materia educativa, el proyecto de emergencia en infraestructura habilita un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas, durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo acredite, para abreviar los plazos para la contratación de las obras que deberán ser publicadas tanto en la página web de la provincia, como en el Boletín deicial.     El ministro Jefe de Gabinete, deberá elevar a la Legislatura, un informe semestral detallado de las acciones ejecutadas en el marco de la emergencia y al concluir el periodo establecido de acuerdo a lo normado en el  asunto

EL PUERTO Y EL INFUETUR SERAN MINISTERIOS

En sesión extraordinaria la Legislatura otorgó rango ministerial a la Dirección Provincial de Puertos. Tendrá un presidente que «no podrá exceder el mandato de quien lo designó», según establece el artículo 1° del proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo.  Entre los fundamentos del texto enviado se señala que la actividad portuaria»es de vital importancia» y refiere a la condición insular de la Provincia «dado que a través de la vía marítima se efectúa el aprovisionamiento de bienes y servicios que implican actividades de carga, pesca de altura, petróleo por intermedio de monoboyas, científicas, logística antártica y de cruceros turísticos», y todas estas cuestiones «revisten un destacado rol» en aspectos económicos y productivos.     Desde el Ejecutivo resaltan la necesidad de jerarquizar el área a través de su estructura organizativa provincial y que «posibilite gestionar el crecimiento sustentable de la actividad portuaria de la Provincia para lograr resultados económicos satisfactorios y promover una cultura de alto desempeño en un ambiente de trabajo seguro y motivador para todos sus usuarios, clientes, prestadores de servicios, empresas y la comunidad en general».     Para acceder al cargo, el presidente deberá cumplir con mismos requisitos «y tendrá las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los Ministros del Poder Ejecutivo Provincial (PEP)». También y dependiente de la vicepresidencia, se crea el cargo de Director Ejecutivo de Puertos, que deberá supervisar el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección Ejecutiva; coordinar y monitorear las reglamentaciones pertinentes a buenas prácticas laborales suscriptas en el ámbito portuario; coordinar las reuniones del Consejo Asesor Portuario; coordinar grupos de trabajo con las Direcciones sobre los programas de fortalecimiento institucional y simplificación de trámites que se sugieran desde la presidencia y coordinar con las áreas competentes los planes portuarios que el titular proponga, entre otras funciones.   Los legisladores aprobaron también por mayoría el proyecto que otorga rango ministerial a la presidencia del INFUETUR. Además declara al turismo como “actividad prioritaria y esencial”.    Según la nueva normativa, el presidente tendrá rango de ministro y el INFUETUR contará con tres secretarios. El texto modificado define uno de Política Interna; de Política Externa y otro, de Coordinación Estratégica que serán nombrados por el PEP a propuesta del titular de la Institución y en los articulos de la norma, se definen las acciones de cada uno.     El espíritu de la normativa señala que «es preciso modernizar este marco legal que regula la actividad con el objetivo de mejorar la organización del Ejecutivo en materia de turismo, con el fin de que éste pueda perfeccionar su intervención en áreas estratégicas para el desarrollo del sector».