Juicio por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil en Río Grande, denunciado por Missing Children hace cuatro años.
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte halló responsable a Mauro Diez, de 42 años, a quien se le encontraron más de 4.500 fotografías y videos de niños en situación de abuso. Su pareja, de 27, enjuiciada junto a él, fue absuelta.
Mauro Rafael Diez, de 42 años, fue condenado a 4 años y medio de prisión, por los delitos de tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Mauro Rafael Diez, de 42 años, a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes. En cambio, su pareja, Candela Aylen Juárez, de 27 años, fue absuelta por falta de pruebas suficientes.
La causa se inició en 2022 a partir de una alerta internacional del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectó actividad vinculada a la circulación de imágenes de abuso sexual infantil desde una IP localizada en Río Grande.
Durante la etapa de instrucción, la acusación sostuvo que la pareja habría montado una estructura destinada no solo al almacenamiento y distribución de material hacia varios países, sino también a la eventual captación de menores con fines sexuales, hipótesis que encuadraba el delito de grooming y que representaba uno de los ejes más graves del caso.
Sin embargo, en el tramo final del juicio oral, la Fiscalía modificó sustancialmente su postura inicial. En los alegatos descartó el delito de grooming por considerar que no se había acreditado con el grado de certeza requerido en esta instancia, y redujo las penas solicitadas.
Para Diez, mantuvo el pedido de 4 años y 6 meses de prisión por tenencia y distribución de material. Para Juárez, solicitó una condena apenas de 4 meses en suspenso únicamente por tenencia. Finalmente, el Tribunal resolvió absolverla.
El giro en la estrategia acusatoria marcó el desarrollo del proceso y redefinió el alcance de la responsabilidad penal atribuida a los imputados.
El Tribunal estuvo presidido por la jueza Verónica Marchisio, con las vocalías de Eduardo López y Juan José Varela. La acusación fue sostenida por la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa estuvo a cargo de los defensores oficiales Alejandro Naccarato y Rita Marchi.
Los fundamentos se conocerán el 6 de marzo.