Baja de imputabilidad: advierten que el debate penal juvenil se mira desde el lugar equivocado

El abogado cuestionó el régimen vigente, explicó el origen tutelar de la Ley 22.278 y alertó sobre los riesgos de endurecer el sistema sin recursos ni dispositivos reales.

El letrado Gustavo Ariznabarreta analizó el marco legal que regula el enjuiciamiento de menores en la Argentina, expuso las contradicciones entre la ley actual y la Convención de los Derechos del Niño, y advirtió que bajar la edad de imputabilidad sin un sistema integral solo profundiza la desigualdad y la exclusión.

Baja de imputabilidad: advierten que el debate penal juvenil se mira desde el lugar equivocado

El abogado Gustavo Ariznabarreta explicó que la última norma que organiza el enjuiciamiento de menores en la Argentina es la Ley 22.278, sancionada en 1980, y que responde a un paradigma hoy superado. “Está basada en la doctrina Agote, que concibe al menor como un sujeto en situación de riesgo que representa un riesgo para la sociedad. Bajo ese esquema, el Estado tutelar decide por él, sin que sus derechos jueguen un rol central”, señaló.

Según detalló, esa concepción era coherente con el contexto jurídico de la época, pero quedó en tensión con la Convención de los Derechos del Niño, incorporada años después. “La Convención rompe ese paradigma y establece que los menores son sujetos de derechos. Eso obliga a regular de otra manera la intervención penal, con recaudos especiales y excepcionales”, explicó.

Ariznabarreta indicó que la Ley 22.278 mantiene principios compatibles con los derechos humanos, pero deja amplios márgenes de discrecionalidad judicial que la Convención no habilita. “Ahí aparece una contradicción: la ley le permite al juez disponer del menor en función del riesgo, pero la Convención dice que no. Eso generó conflictos y cuestionamientos permanentes”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que desde hace años existe una demanda para avanzar hacia un verdadero régimen penal juvenil que reemplace el esquema tutelar. “La idea es salir de la lógica en la que un juez puede decidir sobre un menor según su contexto social y no por el hecho cometido”, remarcó.

Como ejemplo, explicó que bajo la normativa actual dos menores que cometen el mismo delito pueden recibir tratamientos distintos. “Si uno tiene contención familiar acreditada, transita el proceso en libertad. Si el otro es vulnerable o está fuera del sistema, puede terminar privado de su libertad. Eso rompe un principio básico del Derecho Penal: uno responde por lo que hace, no por lo que es”, advirtió.

El abogado vinculó este debate con la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y alertó sobre el concepto de “inocuización”. “Es una teoría que apunta a neutralizar a quienes el sistema considera irrecuperables. Eso choca con la raíz constitucional del derecho penal, que se basa en la prevención general y no en el encierro selectivo”, explicó.

“Hablar de bajar la edad de imputabilidad es mirar el problema por el agujero de una cerradura. ¿Alguien cree que así se termina la fábrica de delincuentes? No”, cuestionó, y señaló que consignas como “mano dura” o “el que las hace las paga” no están reflejadas de manera real en los proyectos en debate.

También aclaró que la iniciativa no es nueva ni exclusiva del oficialismo. “Hay juristas como Emilio García Méndez que vienen planteando hace años la necesidad de un régimen penal juvenil y la baja de la imputabilidad a los 14 años. Yo no coincido”, sostuvo.

No obstante, reconoció aspectos positivos en los proyectos en discusión. “Lo valioso es que ponen el foco en dos ejes: el proyecto de vida del joven infractor y un proyecto institucional que lo acompañe. Si quiero sacar a un chico de la marginalidad, no puedo devolverlo al mismo contexto sin apoyo del Estado”, afirmó.

Ariznabarreta subrayó que el primer nivel de respuesta no es el encierro. “Las penas previstas son mucho menores que las de un adulto y se prioriza un abordaje sistémico. Esto no es nuevo: jueces de menores, psicólogos y equipos técnicos lo piensan todos los días. El problema es organizarlo de verdad”, indicó.

Finalmente, advirtió sobre la falta de debate político real. “Administrar la punibilidad es de lo más complejo que tiene una sociedad, y en menores es doblemente difícil. ¿Estamos dispuestos a invertir en dispositivos serios, caros y con personal especializado?”, planteó.

También cuestionó que muchas decisiones se tomen con estadísticas concentradas en pocas provincias. “Se legisla mirando Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso alimenta una mirada punitiva que no refleja la realidad de todo el país”, sostuvo.

Para cerrar, dejó una advertencia concreta: “La ley puede decir que hay que crear dispositivos, pero en Tierra del Fuego ya hay hacinamiento carcelario. No es armar una casita. Se necesita formación, equipos y recursos. Si eso no está, todo queda en el papel”.