Bilota explicó que el fallo quedó firme luego de que la ex gobernadora Ríos no apelara a la Corte

Cesión de 10 mil hectáreas. El legislador del FPV dijo que el gobierno de Bertone no tuvo más remedio que obedecer la manda judicial, al haber quedado firme la sentencia en 2014.

El legislador del FPV Federico Bilota detalló el camino que recorrió el reclamo de la familia Bridge, para llegar a aprobar el decreto de la gobernadora, y viabilizar la cesión en venta de las 10 mil hectáreas del corazón de la isla frente a una sentencia firme.
“No es que la gobernadora se levantó a la mañana a ver a quién le podía adjudicar 10 mil hectáreas. Desde 1927 hay reclamos administrativos respecto de esta regularización dominial”, sostuvo por FM la Isla, y recordó que ya en 1971 “se habían adjudicado las tierras por decreto nacional. En 1997 se presentó la señora Antunovic, en la gestión del MPF, con la mensura para escriturar, porque ya tenía el decreto de adjudicación; y el MPF, que hoy se rasga las vestiduras diciendo que van a expropiar, fue el que dictó el decreto en el ’99, adjudicando 3.400 hectáreas”.
“Ese decreto después fue rechazado por la Legislatura en la gestión del gobernador Manfredotti, porque era inviable lo que había hecho el gobierno de Estabillo. En el 2000 la señora Antunovic hace un reclamo administrativo que termina en 2008 con un decreto de la ex gobernadora Ríos que rechaza la adjudicación. Ríos no le reconoció el derecho de antigua ocupación, por lo cual la señora presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. Desde 2008 a 2014 el Superior Tribunal estuvo resolviendo esta cuestión y dictó sentencia en 2014”, repasó.
Allí se produce la bisagra que hizo imposible que la gobernadora Bertone tomara otro camino más que firmar el decreto, dijo: “Este fallo fue dictado en 2014, durante el gobierno de Fabiana Ríos. Se lo notificó al Fiscal de Estado, como representante de los intereses de Tierra del Fuego, y el Fiscal asesoró a la gobernadora (Ríos) para que no interpusiera un recurso extraordinario federal. La secretaría legal y técnica de ese entonces compartió el criterio del Fiscal de Estado y le recomendó a la gobernadora que no interpusiera el recurso. La gobernadora Ríos no interpuso el recurso y ahí se terminó la cuestión judicial”, sentenció.
El paso siguiente de la demandante fue pedir la ejecución de sentencia, dado que el gobierno de Ríos dejó transcurrir los plazos para el recurso federal. “Todas las gestiones anteriores tuvieron incidencia respecto de este tema, menos la actual gestión. Lo único que hizo esta gestión fue dictar el decreto luego de recibir la intimación judicial, porque en la gestión anterior dejaron vencer los plazos para presentar el recurso extraordinario federal, y entonces la señora Antunovic pidió la ejecución de sentencia, porque Fabiana Ríos no firmaba el decreto”, manifestó el parlamentario.
“El Superior Tribunal de Justicia dijo que le asistía la razón a la señora y ordenó al Poder Ejecutivo dictar el acto administrativo correspondiente. La gobernadora Bertone cumplió con esa manda, resguardando la seguridad jurídica y respetando el estado de derecho, y nosotros ratificamos la posición de la gobernadora, en función de esta intimación de la justicia”, concluyó sobre la votación del pasado jueves.


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