El planteo cuestiona la explotación de recursos bajo licencias británicas. La jueza federal de Río Grande reconoció la competencia del juzgado y la legitimación de los denunciantes para accionar contra empresas pesqueras. El reclamo económico oscila entre 12.351 y 26.465 millones de dólares. La presentación también solicita suspender las operaciones cuestionadas.
El FALCON, matrícula FK 2002, uno de los arrastreros vinculados a capitales españoles que opera en el caladero de Malvinas.
La Justicia Federal de Río Grande reconoció su competencia para intervenir en una demanda contra empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur bajo autorizaciones de la administración colonial británica de las Islas Malvinas. La presentación, impulsada por la Fundación Agustina Lerena, reclama una reparación económica de entre 12.351 y 26.465 millones de dólares por los presuntos daños ambientales, económicos y sociales derivados de esas actividades.
La jueza federal Mariel Borruto reconoció la legitimación de los demandantes para promover la acción, pero resolvió que el expediente deberá tramitar mediante un proceso ordinario y no como un amparo. La magistrada consideró que el planteo involucra la protección del ecosistema marino y de especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas próximas a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. También sostuvo que el daño denunciado tiene carácter interjurisdiccional.
La decisión constituye un primer avance procesal, aunque todavía no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda ni sobre la medida cautelar solicitada para detener las operaciones de las compañías denunciadas. Ese pedido será analizado una vez incorporados los informes requeridos por el juzgado.
Previamente, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la presentación y recomendado hacer lugar a la cautelar para suspender las actividades de las flotas cuestionadas en aguas próximas a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Entre sus argumentos, el fiscal señaló que las prácticas denunciadas podrían provocar un daño ambiental «profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible» en el Atlántico Sur. La demanda sostiene que las empresas operan sin autorización de la autoridad argentina y al margen de las normas nacionales de conservación pesquera y ambiental.
También plantea que las especies capturadas en aguas de Malvinas habitan la Zona Económica Exclusiva Argentina y forman parte de un mismo ecosistema y de una cadena alimentaria compartida. Por ese motivo, considera que las consecuencias de la actividad pesquera exceden el área específica donde operan los buques.
La denuncia fue presentada por el especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, César Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Según el escrito, la explotación de los recursos pesqueros sin autorización argentina se desarrolla al menos desde 1989 y genera perjuicios ambientales, económicos y sociales.
El reclamo económico contempla dos estimaciones, que van desde los 12.351 hasta los 26.465 millones de dólares, según el método utilizado para calcular el valor de las capturas registradas entre 1989 y 2025. La diferencia responde a la aplicación de precios FOB o valores mayoristas. La parte demandante también solicita intereses, actualización y costas judiciales.
La acción alcanza principalmente a empresas españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y firmas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones. También incluye a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios que, según la presentación, participan de la estructura económica que sostiene la explotación.
El escrito solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas y las condene a reparar los daños denunciados. Para fundamentar el planteo, invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, además de la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y distintos informes y estadísticas técnicas, entre ellos los elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
La presentación también cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados a las islas.
En cuanto a las especies explotadas, la demanda identifica principalmente al calamar Loligo o Patagónico y al calamar Illex. Según informó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas colapsó en agosto, luego de que los muestreos científicos registraran niveles críticos de biomasa comercializable.
El avance judicial se produce en un contexto de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las actividades económicas vinculadas con el archipiélago y sus espacios marítimos. Entre los episodios recientes se encuentra la controversia con Chile por la implementación de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.