La abogada Griselda Engelhard, representante de AFADA en la causa contra el CONICET – CADIC, organismos acusados de introducir a la provincia gas fosfina para extinguir poblaciones de conejos, impulsó un pedido de apartamiento del juez Federico Calvete, por considerar que ha demostrado no ser imparcial.
La letrada solicitó “recusación con causa” y acompañó un escrito del magistrado en donde menciona un antecedente que permitiría suponer su fallo adverso a favor de la preservación de los animales, el cierre del caso y la habilitación para que el Centro Austral de Investigaciones Científicas consume la matanza de la especie.
En julio del año pasado dos organizaciones proteccionistas lograron anticiparse a la ejecución de un plan de aniquilación cruel y contaminante con gas fosfina, de impredecibles consecuencias en la salud humana y en la de la flora y la fauna, impulsado nada menos que por el Centro Austral de Investigaciones Científicas con sede en Ushuaia y dependiente del CONICET. Ante el recurso interpuesto por AARAF – Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino – y AFADA – Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales – el juez federal Federico Calvete ordenó la suspensión del procedimiento de exterminio de los característicos conejos de Castilla que pueblan la península, en Ushuaia.
En un escrito que mereció elogios dentro y fuera de la provincia, el magistrado afirmó hace casi un año atrás: “La protección del ambiente se complementa con otras áreas de la naturaleza que también merecen tutela, entre ellas el reino animal, de los cuales sólo somos una de las especies y cuya responsabilidad de preservar está en los humanos. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, como única manera de conservarlo para las generaciones futuras”.
La intervención de la Justicia Federal fue necesaria a partir de las declaraciones radiales del investigador del C.A.D.I.C Adrián Schiavinni, quien anunció en mayo del 2020 que debido a supuestos perjuicios ocasionados por los conejos en el predio del establecimiento, se los iba a matar utilizando fosfuro de aluminio y se iba a invitar desde la institución a hacer lo propio en toda la península, aeropuerto incluído.
Semejante afirmación no tardó en encontrar eco en las asociaciones proteccionistas A.A.R.A.F y AFADA, quienes se presentaron como querellantes ante la Justicia y tramitaron un recurso de protección hacia los animales, el medio ambiente y la salud humana, acusando al CADIC de desplegar “una conducta ilegal y arbitraria que pone en juego una serie de derechos fundamentales que a través de la acción procesal impulsada pretendemos proteger”.
Ante la presunción del cambio de postura del mismo juez que se refirió en julio de 2020 , en una pieza ética impecable, a la aniquilación de los característicos conejos grises que acostumbramos a ver en la naturaleza que circunda Ushuaia, con palabras como “hoy no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de Castilla generarán un daño grave al ecosistema y que por ello deba continuarse con el plan de acción dispuesto por el CADIC pero sí podemos sostener sin hesitación que, matarlos en conjunto, puede afectar normas constitucionales y es deber legal evitar, máxime si como sostiene la parte actora, el método que se utilizaría es cruel y produciría en los animales un sufrimiento innecesario”, la abogada impulsó su recusación.
La abogada Griselda Engelhard se basó en las propias palabras del juez Calvete, quien en uno de sus escritos recientes sostuvo textualmente, al momento de dirigirse a la ONG que ella representa, AFADA: “este Juzgado ( – Federal – ) expresa que la parte debe manifestar la conducta a seguir, teniendo particularmente presentes las normas dictadas a posteriori del inicio de la presente causa”.
El magistrado anunció en el mismo acto que luego de ello pasaría a resolver con respecto “a la continuidad de la causa”.
La expresión de Federico Calvete prendió la alarma en los proteccionistas, quienes temen que el juez se expida en breve en consonancia con algunas normativas recientes y posteriores a la acción judicial impulsada por ellos y dispuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación sobre especies exóticas caratuladas invasoras o potencialmente invasoras.
Debido a que el juez se expidió hace 10 meses ordenando no innovar y le prohibió al CADIC matar a los animales con gas fosfina como pretendía, mientras el proceso estuviera en curso, los ambientalistas creen que si el mismo magistrado dispusiera el cierre de la causa, lo que podría ocurrir de modo inminente, automáticamente el organismo podría retomar su plan letal.
Parcialidad
La Dra. Griselda Engelhard subrayó en el escrito dirigido a la Cámara y en el que impugna al juez Federico Calvete, que del análisis de su resolución de fecha 28 de abril de 2021 se desprende un prejuzgamiento del acto que debe analizar, misión para la que se espera de él una absoluta imparcialidad.
La abogada resalta además que el juez “claramente está realizando una valoración de la prueba documental adjuntada por la parte demandada (- CONICET – CADIC – ) y la relevancia que le asignará a normas jurídicas recientes y de orden nacional. Ello implica una clara anticipación de la resolución que dará al conflicto al momento del dictado de la sentencia, cuestión que solo puede ser realizada con motivo del dictado de la misma. Por ello consideramos que resulta claro el acto de prejuzgamiento”.
Finalmente, la letrada puso especial énfasis en la importancia de asegurar la transparencia, ecuanimidad e imparcialidad a la hora de juzgar, en éste y cualquier caso “porque es un pilar de la democracia asegurar que los caracteres esenciales de la labor jurisdiccional sean la imparcialidad y objetividad”.
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