Análisis legislativo del último presupuesto de la segunda gestión del intendente Martín Pérez. Durante la presentación del Presupuesto 2027, por un monto de 239.505 millones de pesos, la funcionaria Valeria Capotorto advirtió que las obligaciones financieras asumidas por la Provincia “no pueden afectar los recursos de la ciudad”. También reiteró que el Gobierno provincial le adeuda al Municipio de Río Grande “más de 18 mil millones de pesos”.
Valeria Capotorto, secretaria de Finanzas Públicas, del Municipio de Río Grande.
La presentación del Presupuesto Municipal 2027 volvió a poner en primer plano el conflicto financiero entre Río Grande y el Gobierno provincial. Durante su exposición ante el Concejo Deliberante, la secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, defendió nuevamente la autonomía económica de la ciudad y sostuvo que los compromisos de endeudamiento asumidos por la Provincia no pueden trasladarse a las arcas municipales ni afectar los recursos destinados a sostener los servicios públicos.
“Río Grande no se endeudó, no pidió salvatajes ni adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”, afirmó la funcionaria durante la presentación realizada en el Museo Municipal Virginia Choquintel.
El proyecto prevé recursos por $239.505 millones y fue elaborado en un contexto económico adverso, marcado por la pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y las restricciones financieras. La propuesta busca sostener los servicios públicos, fortalecer la atención sanitaria y social y garantizar la continuidad de las políticas municipales, sin recurrir al endeudamiento.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la dependencia del Municipio de los fondos coparticipables: según detalló Capotorto, el 83% de los ingresos previstos para el próximo ejercicio provendrá de la distribución de impuestos nacionales y provinciales, además de regalías. Por eso, consideró determinante que las transferencias se realicen en tiempo y forma.
“Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo.
La secretaria distinguió dos situaciones que condicionan las finanzas locales: por un lado, la caída de los recursos coparticipables como consecuencia de la retracción de la actividad económica y, por otro, las demoras provinciales en transferir fondos que corresponden a la ciudad. En este último aspecto, volvió a cuestionar el crecimiento de la deuda que mantiene el Gobierno fueguino con el Municipio.
Una deuda que sigue creciendo
Capotorto recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Y de acuerdo con los registros expuestos, desde entonces el monto se incrementó aproximadamente otros $2.000 millones.
También mencionó que el Tribunal de Cuentas provincial había registrado una deuda superior a los $11.000 millones al cierre de 2025, en su análisis de la Cuenta de Inversión de ese ejercicio.
La funcionaria cuestionó, además, que pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para acortar los plazos de transferencia y evitar que la deuda continuara acumulándose, el Municipio debiera efectuar una nueva intimación por diferencias superiores a los $650 millones correspondientes a esa semana.
Según explicó, los atrasos obligan a reorganizar las disponibilidades financieras y dificultan la planificación de una administración que debe afrontar en fechas determinadas el pago de salarios, servicios, proveedores y prestaciones esenciales.
En ese marco, también manifestó preocupación por las obligaciones financieras que la Provincia deberá afrontar durante 2027, en particular por el acuerdo de compensación con el Estado nacional, que contempla devoluciones superiores a los $78.528 millones, más intereses. Para Capotorto, esos compromisos corresponden exclusivamente al Gobierno provincial y no deben traducirse en nuevas demoras o reducciones de los fondos municipales.