Un reclamo cívico y espiritual me exige expresar públicamente mi sincero pensamiento como ciudadano argentino y fueguino, sin representación partidaria, en esta hora difícil de nuestra amada provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Hoy constatamos como nunca que las naciones desarrolladas e inteligentes del mundo, en función de la salvaje competencia del mercado internacional, suben aranceles aduaneros y cargas impositivas respecto de la manufactura extranjera en el marco de una economía proteccionista de la propia industria nacional. Las mueve el interés nacional, el bien común y el bienestar general del pueblo que representan, objetivos que se alcanzan mediante el estímulo estatal del desarrollo, el trabajo y la producción.
A contrapelo de esa política racional e inteligente, el Poder Ejecutivo Nacional, emulando las retrógradas políticas de José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura militar, firmó los decretos 333 y 334/25, beneficiando el trabajo y la manufactura extranjera, facilitando el ingreso y la comercialización en nuestro país de celulares, televisores y equipos de refrigeración importados, en desmedro de la propia industria nacional, como es el caso de la industria electrónica de Tierra del Fuego, que se ve ampliamente perjudicada ya que produce los mismos productos favorecidos arbitrariamente por aquellas medidas estatales.
El ataque gratuito hacia nuestra provincia se hace con desprecio del sistema federal argentino y al Estado social y democrático de Derecho, porque las normas cuestionadas son contrarias a las responsabilidades y objetivos que delinea la Constitución Nacional como una obligación del gobierno federal y de todas las instituciones de la democracia (promover la generación de empleo, la prosperidad del país, el bienestar, desarrollo y progreso social y económico equilibrado de todas las provincias, etc., Art. 77, incs. 18 y 19 CN).
Con esas finalidades fue establecida la Ley de Promoción Industrial Fueguina, justamente para poblar la Patagonia y en especial el extremo austral de la patria, para –con ese estímulo– arraigar aquí industrias y familias argentinas en estas condiciones climáticas hostiles y adversas, distintas al resto de las regiones del país.
Las medidas que critico se producen en el marco de una política general de timba y especulación financiera, y lo más triste es que responden a una exigencia del FMI, que desde hace años viene presionando a toda la partidocracia argentina (liberalismo o progresismo socialdemócrata) para derogar la Ley 19.640, lo que, de conseguirlo, finalmente ha de provocar el desempleo masivo, la miseria y la migración de miles de argentinos, despoblando a la Tierra del Fuego, de manera funcional a las pretensiones del Reino Unido de Gran Bretaña, que usurpa parte de nuestra provincia.
Las medidas que se cuestionan buscan perjudicar la producción y el trabajo en nuestra provincia, la más austral de la Nación Argentina, justamente donde debemos fortalecer y consolidar la soberanía nacional mediante el arraigo de ciudadanos argentinos, frente a las potencias imperialistas que codician y usurpan nuestros recursos, mares y territorios, y se expanden ilícita y arbitrariamente hacia el continente blanco.
No debe soslayarse que nos estamos refiriendo a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más austral, más extensa y quizás la más rica de la República Argentina, con una importancia geopolítica extraordinaria, porque en su jurisdicción se encuentra el paso interoceánico del Mar de Hoces al sur del Cabo de Hornos y la proyección hacia el Sector Antártico Argentino, que también codician otras naciones.
El compromiso temporario de los empresarios fueguinos de no provocar despidos inmediatos es una medida que valoramos, pero claramente no es suficiente para enfrentar la grave tensión que gratuitamente provoca el Poder Ejecutivo Nacional en el confín austral de la patria. La decisión del Gobierno Nacional fue rechazada por todos los fueguinos, por lesionar la soberanía política de la Nación, la que se ve mancillada ante la ejecución de una medida antinacional y antifueguina dictada por imperio del FMI.
La lucha organizada del pueblo fueguino debe presionar y exigir sin demoras la derogación de los decretos 333 y 334/25 y defender con uñas y dientes la ley de promoción industrial. En ese camino, debemos procurar una sesión urgente de nuestra Legislatura local, para que convoque a senadores y diputados fueguinos en miras a darles mandato para la derogación inmediata de tales decretos, buscando el apoyo y el consenso del resto de los legisladores nacionales de las provincias patagónicas y del resto de los estados provinciales.
Al mismo tiempo, y con el respaldo y legitimidad que le otorga el pueblo fueguino, manifestado en las recientes movilizaciones multitudinarias ocurridas en todas las ciudades de la provincia, el Poder Ejecutivo Provincial debe convocar con energía y sin demoras a los intendentes, legisladores, concejales y legisladores nacionales, a las cámaras de comercio, empresarios y centrales de trabajadores, para, en unidad, marchar hacia Buenos Aires con el fin de exigir de manera contundente la inmediata derogación de los decretos que pisotean nuestra autonomía, nuestros derechos, nuestra dignidad y el sistema federal argentino.
Los decretos 333 y 334/25 representan un grave golpe institucional y antidemocrático con irreversibles consecuencias negativas. La osadía centralista de aniquilar con un decreto el destino de una provincia estratégica como lo es la Tierra del Fuego lesiona la integridad territorial de la patria. Esta es una encrucijada también que abre la posibilidad de debatir un modelo de desarrollo y producción netamente argentino, con la participación y protagonismo de todas las provincias argentinas, que no pueden delegar el futuro de sus pueblos en un puñado de burócratas asociados con el poder financiero internacional.
Con esas claras intenciones, me parece necesario convocar a una gran marcha federal con movilización desde el interior hacia el Parlamento Nacional, en contra del FMI, para repudiar y rechazar la actual lesión a la soberanía política que implica la delegación ilegítima de las decisiones soberanas de la Nación Argentina en favor de un Organismo de Crédito Internacional, que, de forma alevosa, se inmiscuye en decisiones internas soberanas del pueblo de la Nación Argentina.
Aquí está en juego, no un interés mezquino o partidario, sino el honor y el destino de la patria.
* Juez electoral, jubilado.