Análisis sobre el debate por las penas en siniestros viales.
El penalista analizó el tratamiento legislativo sobre homicidios viales y planteó que la sociedad no asume al tránsito como un problema de seguridad. “No hay accidentes, hay responsables”, afirmó.
El ex juez de Instrucción de Río Grande y penalista Daniel Cesari Hernandez analizó el debate en el Congreso nacional sobre el endurecimiento de penas por homicidios viales y cuestionó tanto la respuesta penal vigente como la percepción social en torno a estos hechos.
Durante su participación en el programa “La Mañana de la Tecno”, señaló que los siniestros de tránsito no suelen ser considerados como un problema de inseguridad, a diferencia de otros delitos. “Cuando se habla de inseguridad, la gente piensa en robos. Pero también existe otra inseguridad: la de la conducción imprudente, que genera muertes y daños todos los días”, sostuvo.
En ese marco, planteó que existe una brecha entre las penas previstas para los homicidios culposos y la expectativa social de justicia. “Si alguien mata con un arma puede recibir hasta 25 años. Si mata manejando de manera imprudente, la pena es mucho menor. Y la sociedad siente que eso es poco”, afirmó.
El especialista explicó que la mayoría de los hechos viales se encuadran como delitos culposos, aunque consideró que ciertas conductas deberían recibir un reproche más severo. “El que se sienta al volante sabe que puede matar. Por eso, muchas conductas deberían ser consideradas más cercanas al dolo que a la simple culpa”, indicó.
Además, cuestionó el uso del término “accidente” para referirse a estos hechos. “No hay accidentes. Hay responsables. No es una desgracia: había alguien manejando de manera indebida”, expresó.
En su análisis también apuntó a prácticas habituales como el exceso de velocidad, el uso del celular al volante o el incumplimiento de normas básicas de tránsito, y sostuvo que existe una tolerancia social frente a estas conductas. “Nos acostumbramos a la mediocridad moral. A que lo incorrecto sea lo normal”, señaló.
Cesari Hernandez también se refirió al rol del Estado en materia de control e infraestructura, y advirtió que la prevención no puede depender exclusivamente de la intervención judicial. “No es el juez el que tiene que pedir que se pinten las rutas. Es el Estado el que tiene que garantizar condiciones seguras”, indicó.
En relación a la responsabilidad en los siniestros, afirmó que el conductor debe mantener el dominio del vehículo en todo momento, incluso ante imprevistos en la vía, sin perjuicio de eventuales reclamos civiles contra el Estado por deficiencias en la infraestructura.
Finalmente, planteó que el debate sobre el endurecimiento de penas refleja una tensión entre la demanda social de castigo y los objetivos del derecho penal. “La sociedad quiere castigo. El derecho penal busca prevención y reinserción. Ahí está el gran conflicto”, sostuvo.
Y concluyó: “Los ciudadanos somos víctimas de lo que reclamamos: leyes estrictas que, cuando nos afectan, no queremos cumplir”.