A la decisión de multar el uso del polarizado, se sumó la caída del tipo de cambio, que desfavorece a los fueguinos a la hora de viajar a Chile.
La baja de los turistas argentinos a Magallanes ha sido notoria en las últimas semanas y los actores del sector turismo lo lamentan profundamente. La causa más importante es la caída en el tipo de cambio, de peso chileno a peso argentino, que pasó en pocas semanas de 36 a 25 pesos con lo cual, el viaje a Chile se hizo mucho más oneroso, máxime si su motivación es, generalmente, de compras.
Pero a esa barrera se suma otra del todo inesperada: la prohibición en Chile de circular con vehículos polarizados y que expone a los turistas argentinos a una multa de 90 mil pesos.
La situación es de tal magnitud que el cónsul chileno en Río Grande, Francisco Fuenzalida, llamó la semana pasada a los conductores argentinos a retirar los vidrios polarizados de sus vehículos si quieren venir a Chile. “La Ley es pareja para todos y hay que cumplirla”, dijo en conferencia de prensa ante medios argentinos de esa ciudad.
De hecho, parte de la molestia argentina se debió a que durante algunos meses, Carabineros extendió partes de cortesía informando de la situación, pero ahora la norma está vigente y las multas se están cursando, lo cual ha desconcertado a muchos al otro lado de la frontera, incluidas autoridades de gobierno, como el secretario de Seguridad de Tierra del Fuego, Javier Eposto quien declaró hace un mes que estaban sorprendidos por su aplicación.
“Ya ha pasado con el Soapex y con el cochecito de los nenes que te dan tiempo para poder informarle a la comunidad pero con esto estamos sorprendidos, es la primera vez que lo escucho, no teníamos información ni de Defensa Civil ni de Transporte”, dijo.
El martes, la vicepresidenta de la Asociación de Hostales y Residenciales de Punta Arenas, Paulina Álvarez, declaró su molestia al respecto. “Estas normas más que ayudar espantan a los argentinos y van en perjuicio del comercio y la hotelería”, manifestó y consideró que no veía sentido aplicar estas restricciones considerando que todos los vehículos que cruzan la frontera son revisados en la aduana.
No es la única que piensa así ya que se trata de una medida que ha motivado incluso protestas en la Región Metropolitana, pero las últimas indicaciones que buscaban eliminar la polémica norma fueron retiradas en el Congreso con el objeto de reforzar el combate a la delincuencia.
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