El martes 11 de noviembre, en Río Grande y a 10 años del hecho.
El proceso oral y público tiene en el banquillo de los acusados a un obstetra y una ginecóloga, quienes enfrentan cargos por homicidio culposo en el marco de presunta mala praxis en un parto.

La doctora Valeria Pastori, especialista en obstetricia y ginecología, al igual que el licenciado en obstetricia Rodolfo Guido Pérez, pertenecen al staff médico del CEMEP. No trascendió a la prensa la identidad aún de los denunciantes.
El martes 11 de noviembre comenzará en Río Grande el juicio oral y público contra el obstetra Rodolfo Guido Pérez y la ginecóloga Valeria Pastori. Ambos están acusados del delito de homicidio culposo por la muerte de una bebé durante el parto ocurrido en noviembre de 2015, en una clínica privada de la ciudad.
Según la acusación fiscal, los profesionales habrían actuado con impericia al momento de asistir a la paciente, al no tomar en cuenta los resultados del monitoreo fetal que indicaban sufrimiento y urgencia para practicar una cesárea. La demora en la intervención habría derivado en el fallecimiento de la criatura.
El hecho tuvo lugar el 16 de noviembre de 2015 en la Clínica Cemep, donde la mujer fue citada para la inducción del parto. De acuerdo con el requerimiento fiscal, la paciente ingresó a las 8.30 de la mañana y fue sometida a controles de monitoreo. Más tarde, los profesionales decidieron realizar una cesárea al constatar signos de sufrimiento fetal, pero la intervención se efectuó recién alrededor de las 16.
Tras el fallecimiento de la bebé, la familia denunció presunta mala praxis. La investigación judicial incluyó una autopsia y estudios complementarios realizados en Buenos Aires por el equipo pericial de la Suprema Corte de Justicia. Los informes concluyeron que la causa del deceso fue una alteración en los vasos sanguíneos de la placenta, la que interrumpió el flujo de oxígeno y sangre hacia el feto, provocando una asfixia intrauterina.
No obstante, los peritos que representaron a la querella consideraron que el desenlace podría haberse evitado si se hubiera realizado un monitoreo más riguroso y una cesárea temprana. Señalaron además que existió una dilación injustificada entre el ingreso de la paciente y la intervención quirúrgica.
La acusación, sostenida por el fiscal Ariel Pinno y por la querella —representada por el abogado José Velazco—, sostiene que los profesionales “subestimaron las señales de alerta” y habrían intentado “sanear la situación mediante registros apócrifos” en la historia clínica.
El debate estará a cargo del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, integrado por los jueces Pedro Fernández, Horacio Boccardo y Fernando González. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Mónica Macri, mientras que la parte querellante estará a cargo del abogado José Velazco. Los acusados, en tanto, serán defendidos por el abogado particular Francisco Ibarra.
Para la primera etapa del juicio se prevé la declaración de 19 testigos.