En cinco días de juicio a referentes de ATE, declararon 24 testigos.
Están en el banquillo de los acusados los sindicalistas Carlos Córdoba, Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo. Después de una semana marcada por denuncias, testimonios comprometedores y referencias a amenazas, presiones y violencia, el proceso avanza hacia el veredicto.
El juicio oral y público que se desarrolla en Ushuaia contra tres referentes vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acusados de presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales en el sector Barrancas del Río Pipo, ingresó en su fase decisiva luego de concluir el viernes último la etapa testimonial. El Tribunal encargado de impartir justicia está presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, y los vocales Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Durante cinco jornadas declararon 24 testigos ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, en un proceso que desde su inicio generó fuerte repercusión pública por las características de los hechos investigados y por el inédito operativo de seguridad montado en inmediaciones de Tribunales.
En el banquillo de los acusados se encuentran el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, junto a Miguel Arana, ambos imputados por 22 hechos vinculados a supuestas maniobras defraudatorias relacionadas con el plan de 128 viviendas de Barrancas del Río Pipo. También es juzgado Eric Moscoso Panozo, acusado de presunto lavado de activos mediante la adquisición de maquinaria vial con fondos que, según la hipótesis fiscal, tendrían origen en esas operaciones.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que desde ATE se realizaban gestiones vinculadas a la incorporación de postulantes para acceder a las viviendas. El ex funcionario sostuvo además que se detectaron irregularidades en los listados presentados por el gremio y relató episodios de amenazas y violencia ocurridos cuando comenzaron a trascender las denuncias.
También declaró Marta Benítez, directora del área Social del IPV durante la operatoria habitacional investigada. La funcionaria indicó que entre los postulantes acercados por ATE se detectaron al menos siete personas que no cumplían con los requisitos exigidos por el organismo, entre ellos casos de individuos que ni siquiera eran empleados estatales.
A lo largo de la semana también prestaron declaración más de veinte denunciantes que afirmaron haber entregado dinero, vehículos u otros bienes con la expectativa de acceder a una vivienda.
En la última audiencia, Carlos Córdoba solicitó ampliar su declaración indagatoria. Allí rechazó las acusaciones y aseguró que desde el sindicato “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”, intentando despegarse de las maniobras denunciadas por los testigos y por su compañero Miguel Arana, quien días atrás había asegurado ante el Tribunal haber recaudado dinero que luego entregaba al histórico dirigente gremial.
El proceso continuará el próximo miércoles 27 de mayo desde las 9.30, con el inicio de los alegatos. Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga primero los fundamentos de la acusación y posteriormente aleguen los abogados defensores: Marisel Banegas por Carlos Córdoba, el defensor público José María Fernández López por Miguel Arana y Rodrigo Guidi por Eric Moscoso Panozo.
Debido a la extensión prevista de las exposiciones, el Tribunal analiza dividir los alegatos en dos jornadas antes de avanzar hacia la instancia final del juicio y el posterior veredicto.