Cómo funcionaba la red que vendía obleas de RTO en toda Tierra del Fuego

Robo, fraude y riesgo vial.

Durante más de un año, obleas de Revisión Técnica Obligatoria fueron robadas de un concesionario de Río Grande y vendidas en toda la provincia. La causa involucra a ex empleados del taller y a conductores que pagaban hasta el doble del valor oficial para circular sin condiciones mínimas de seguridad.

Cómo funcionaba la red que vendía obleas de RTO en toda Tierra del Fuego

Una banda que se dedicaba a la venta ilegal de obleas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), robadas de un concesionario oficial riograndense, logró ser desbaratada y gran parte de sus integrantes, o su totalidad, identificados y notificados de derechos y garantías procesales. Todo comenzó a gestarse en el año 2024 y, con el correr de los meses, terminó extendiéndose de Río Grande a Ushuaia y Tolhuin, revelando una maniobra compleja y sostenida en el tiempo.

El punto de partida fue la denuncia realizada por el taller concesionario habilitado para la RTO, Controles del Sur, ubicado en calle Rivadavia 847 de Río Grande, donde se detectó el robo de una cantidad significativa de obleas, las que se extienden cuando la revisión resulta aprobada. Según se investiga, la sustracción se habría producido de manera paulatina, como un “trabajo de hormiga”, lo que permitió que la maniobra pasara inadvertida durante un tiempo prolongado.

Con el avance de las actuaciones, personal policial y agentes de la Dirección de Tránsito municipal comenzaron a detectar vehículos que no se encontraban en condiciones técnicas de circular, pero cuyos conductores exhibían obleas de RTO aparentemente válidas. En paralelo, y mientras los abogados del concesionario damnificado se constituyeron en querellantes en la causa judicial, en los últimos días la Policía detectó en las redes sociales, la oferta abierta de obleas de RTO.

Ante este escenario tomó inmediata intervención la División Delitos Complejos de Río Grande, profundizando las tareas investigativas. Como resultado, el lunes 2 de febrero se concretaron allanamientos simultáneos en ocho domicilios distribuidos en las tres localidades fueguinas.

Las medidas judiciales se realizaron en Río Grande, en viviendas ubicadas en calle Irigoyen al 200, 25 de Mayo al 1200, Chorlo Ártico 19, Lago Fuego al 600, Pioneros Fueguinos al 900 e Intevu X, casa 61; en Tolhuin, en una casilla del barrio Campo de Doma; y en Ushuaia, en una vivienda de Alfonsina Storni al 2000. Todas las órdenes de allanamiento fueron firmadas por la jueza de Instrucción a cargo de la causa, Cecilia Cataldo.

Vale mencionarse que en uno de los allanamientos, realizado en la vivienda de 25 de Mayo al 1200, se detectaron además macetas con plantas de marihuana, lo que motivó la intervención de la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales.

Un punto central de la investigación es que entre las siete personas notificadas de derechos y garantías procesales se encontraran ex empleados y personal en actividad, lo que permitiría explicar cómo las obleas lograron ser sustraídas del circuito oficial sin levantar sospechas inmediatas.

En el expediente en curso se pudo establecer que la maniobra contaba con una demanda asegurada: conductores cuyos vehículos no podían aprobar la RTO por deficiencias mecánicas, o que no estaban en condiciones de afrontar los costos de los arreglos exigidos dentro del plazo reglamentario de 60 días otorgado por el concesionario. En ese contexto, las obleas se comercializaban por un valor cercano a los 200 mil pesos, variando según el tipo de vehículo, aproximadamente el doble de lo que cuesta una revisión oficial en regla.

Uno de los sujetos vinculados al ilícito es un ex empleado de apellido Barría, de quien se sospecha que habría tenido un rol central en la operatoria. Desde la Justicia no se descarta la posibilidad de nuevas imputaciones, tanto de otros integrantes de la presunta banda como de compradores de obleas, cuyos nombres ya fueron identificados durante la investigación y que tampoco están exentos de responsabilidad penal.

Desde el punto de vista legal, fuentes vinculadas a la causa señalaron que el caso no se limita a un simple delito contra la propiedad. La sustracción de obleas oficiales puede encuadrarse como robo, pero su posterior comercialización y utilización podría configurar delitos más graves, como falsificación y uso de documentación pública, figuras previstas en el Código Penal con penas que pueden alcanzar varios años de prisión, tanto para quienes las vendieron como para quienes las utilizaron para circular de manera irregular.

Debido a que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas líneas de imputación, las autoridades resolvieron no difundir las identidades de las personas notificadas hasta el momento.