Juicio oral por maniobras fraudulentas con viviendas sociales.
La fiscalía sostiene que los imputados ofrecían lugares en listados de adjudicación a cambio de dinero, vehículos, cheques y otros bienes. Carlos Córdoba y Miguel Arana enfrentan acusaciones por 22 hechos vinculados al plan de 128 viviendas de Barrancas del Río Pipo, y Eric Moscoso Panozo, por lavado de activos.
El juicio oral y público contra dirigentes vinculados a ATE permitió conocer este lunes detalles de la presunta operatoria investigada en torno al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo, una causa en la que la fiscalía acusa a sindicalistas de haber utilizado estructuras gremiales y contactos con organismos públicos para beneficiar irregularmente a terceros a cambio de dinero y otros bienes.
Durante la primera audiencia realizada ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, el fiscal Daniel Curtale realizó una extensa exposición de los hechos y describió la mecánica que —según la acusación— habría funcionado durante varios años alrededor de las adjudicaciones habitacionales.
Los principales acusados son el histórico secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y Miguel Arana, quienes enfrentan cargos por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias vinculadas al acceso a viviendas sociales construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH).
Según la investigación, los imputados habrían ofrecido “soluciones habitacionales” o lugares dentro de listados de adjudicación a personas que no cumplían con los requisitos exigidos para acceder a las viviendas.
Entre quienes buscaban ingresar a esos listados se encontraban empleados estatales y afiliados al gremio, pero también personas sin ningún tipo de vinculación con el Estado provincial, quienes presuntamente entregaban dinero en efectivo, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de asegurarse un lugar dentro del programa habitacional.
La fiscalía sostiene además que las maniobras habrían sido posibles mediante el uso de funciones gremiales, gestiones ante el IPV y otros organismos públicos, así como la confección y presentación de listados de postulantes que presuntamente no integraban el universo legítimo de beneficiarios.
En ese contexto, uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo durante la declaración indagatoria de Miguel Arana. A diferencia de Córdoba —quien optó por no declarar— Arana decidió responder preguntas y señaló al dirigente sindical como destinatario de los fondos obtenidos en las operaciones investigadas.
Por otra parte, el tercer imputado, Eric Moscoso Panozo, enfrenta cargos por presunto lavado de activos. De acuerdo con la acusación fiscal, habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las maniobras bajo investigación.
Moscoso Panozo negó los cargos durante su declaración indagatoria y posteriormente decidió no responder preguntas formuladas por los jueces.
El Tribunal está presidido por Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. Las defensas están a cargo del Defensor Público José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.
Tras la primera jornada, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes a las 9.30, momento en que comenzará la etapa de producción de prueba. Para el desarrollo del juicio está prevista la declaración de alrededor de 20 testigos.