Comprometida situación de seis maestros y un policía de Tolhuin

Fueron detenidos en carácter de incomunicados, por orden del juez José Silvio Pellegrino, acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, robo y agresión física.

Luego de considerarse estafados por la empresa de construcción Grupo TDF, citaron a uno de los titulares de la firma, Pablo Leguizamón, residente en Río Grande, a “hablar” en una vivienda de Tolhuin. El empresario dijo que cuando acudió lo encerraron, tiraron agua, cachetearon, amenazaron y robaron un iPad. Recién 10 días después decidió hacer la denuncia, argumentando que estaba muy asustado.

Desde hace algún tiempo la empresa constructora Grupo TDF viene teniendo inconvenientes serios con sus clientes de las tres localidades fueguinas. En todos los casos se denuncian incumplimientos de contrato y el cobro de importantes sumas de dinero por tareas no realizadas. En esa situación se enmarcan siete vecinos de la localidad de Tolhuin – seis docentes y un policía – quienes después de intentar obtener una respuesta de parte de la firma, por las vías habituales, presencial, telefónica y correo electrónico, optaron por apelar a medidas extremas. Así – denunció Pablo Leguizamón, socio de la constructora – cuando los siete se presentaron personalmente en las oficinas centrales de Grupo TDF en Río Grande, y también en los domicilios particulares de los propietarios, promoviendo en todos los casos situaciones de gran tensión. Finalmente, los vecinos tolhuinenses le pidieron a Leguizamón que concurriera al domicilio de uno de ellos, en la localidad mediterránea, para intentar a través del diálogo llegar a algún entendimiento. Así lo hizo Leguizamón el día lunes 20 de febrero, fecha en la que viajó de Río Grande a Tolhuin para dirigirse a una vivienda sita en la calle Garibaldi Honte al 400, en donde fue recibido por tres mujeres y cuatro hombres.
Recién10 días más tarde, Pablo Leguizamón denunció lo que ocurrió en el interior de la casa en la que había sido citado. El hombre dijo que las tres parejas y un policía lo agredieron primero de palabra, luego le pegaron cachetazos, le tiraron agua y le impidieron en todo momento retirarse del lugar. Finalmente, cuando logró salir del inmueble, dijo que le sustrajeron un iPad del interior de su automóvil. El empresario destacó que en todo momento le advirtieron que sufriría duras represalias si contaba lo sucedido, por lo que decidió guardar silencio por varios días, hasta que decidió denunciar los hechos.

A partir de la denuncia radicada se inició una investigación por parte del personal de la Comisaría de Tolhuin, ordenando el juez de esa localidad, José Silvio Pellegrino que se allane la vivienda de los siete implicados. De tal modo el Juzgado de Competencia Ampliada libró órdenes de allanamiento para cinco domicilios: en el macizo 624 parcela 9 «B», residencia de los docentes Eugenia Tamara Balceda y de Fernando Daniel Palomino; en calle Garibaldi Honte N° 462, Dpto. 2, residencia de los docentes María Constanza Marcos y de Walter Alejandro Jorge; en calle Lucas Bridge N° 641, residencia de los docentes Lorena Mariela Moyano y de Ricardo Guillermo Pera; en el macizo N° 606, Parcela N° 9 y en calle 202 N° 779 del Barrio 9 de Octubre, domicilio del policía Franco Sebastián Balceda. Durante la ejecución de la medida judicial se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa y se dispuso la inmediata detención de las siete personas, en carácter de incomunicadas.
En forma extraoficial trascendió que el magistrado interviniente cuenta con los teléfonos celulares de todos los acusados, en los que queda claramente de manifiesto que el hecho denunciado por Leguizamón fue planeado con anticipación y en forma conjunta, lo que agrava la situación de los empleados públicos, por la figura de la “premeditación”. Y si ello no fuera suficientemente grave, el haberle impedido a Leguizamón salir de la casa a la que fue convocado, incorpora la figura de “privación ilegítima de la libertad”, a las que se suma la de “tormentos” por las cachetadas infligidas y el agua arrojada al empresario.
Al cierre de la presente edición los docentes Fernando Daniel Palomino, Walter Alejandro Jorge y Ricardo Guillermo Pera se encontraban detenidos en establecimientos policiales de la ciudad de Río Grande; sus parejas y también docentes Eugenia Tamara Balceda, María Constanza Marcos y Lorena Mariela Moyano, permanecían detenidas en sus domicilios de la localidad de Tolhuin mientras que el policía Franco Sebastián Balceda se encontraba a disposición de la cúpula policial, apartado de sus funciones, con retiro de arma reglamentaria y trámite administrativo para proceder a su expulsión de la fuerza.

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