La sentencia solo es superada por otra de noviembre del año pasado en Ushuaia a un sujeto condenado a la pena de 25 años de prisión, por abusar de su hijastra.
De esta manera se registró la aplicación de la mayor y más severa pena aplicada por un Tribunal, en la historia criminalística de Río Grande. Los jueces inclusive superaron en años de condena a los solicitados por el fiscal, por las características del caso.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó el viernes último a 23 años de prisión a un hombre acusado de cometer el delito de abuso sexual contra sus hijas biológicas menores.
Los jueces lo consideraron autor penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por haber sido cometidos por ascendiente en línea recta y contra menores de 18 años aprovechando la situación de convivencia”.
En el veredicto los jueces resolvieron además rechazar el planteo de prescripción de la acción penal formulado por el defensor Gustavo Ariznabarreta y dispusieron que el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Tierra del Fuego articule a través de la dependencia que corresponda un dispositivo de orientación a las victimas y a su entorno familiar.
La condena más severa en Río Grande
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte, presidido por el juez Eduardo López, con las vocalías de los magistrados Juan José Varela y Vanina Cantiani y el Ministerio Publico Fiscal representado por el letrado Jorge López Oribe impuso la condena más severa en cantidad de años en lo que se refiere a hechos de abuso sexual en Río Grande. El viernes pasado los magistrados condenaron a un sujeto de 55 años de edad, cuya identidad se reserva dado que el abuso fue cometido en perjuicio de sus dos hijas biológicas, cuando eran niñas, con las que comparte el apellido.
El individuo fue encontrado responsable de los delitos de “abuso sexual agravado por acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser menores de 18 años y por aprovechar la situación de convivencia”.
Durante el juicio se expuso que las vejaciones se produjeron en perjuicio de sus hijas biológicas de 4 años de vida y de 8 años. En el caso de una de las hijas el abuso se extendió durante 6 años y en el de la otra, por espacio de 13 años. En ambos casos en un número indeterminado de veces.
Vale destacarse que los integrantes del Tribunal coincidieron en aplicar una condena más dura que la propuesta inclusive por e mismo fiscal de la causa, quién había solicitado que se lo condenara a 19 años de prisión.
El condenado continuará privado de la libertad, debiendo ser conducido por personal penitenciario de la Unidad de Detención Nro 1 de Río Grande nuevamente al Juzgado, el próximo 17 de diciembre, para ser notificado de los fundamentos de la decisión de los jueces, que lo llevará a terminar su vida en prisión, dada su actual edad.
La pena de Ushuaia que ocupa el Nro 1 en años de condena
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó el jueves 19 de noviembre de 2020 a un hombre y a una mujer en un juicio por abuso sexual con aborto, en perjuicio de una víctima menor de edad, hija biológica de ella e hijastra de él.
El hombre fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual, abuso sexual agravado por acceso carnal y por tratarse la víctima de una menor de 11 años, aprovechando la guarda, aborto y corrupción de menores. La madre de la víctima, también fue condenada a 20 años de prisión al ser considerada partícipe necesaria del delito de abuso sexual con acceso carnal, aborto y corrupción de menores.
La aberrante conducta desplegada por Cáceres ocurrió por un tiempo no precisado y en una cantidad tampoco determinada de veces, en perjuicio de quién debía proteger: la hija de su pareja. El depravado era padrastro de la niña y la sometió sexualmente a su voluntad, con la anuencia de la madre biológica de la menor. Este consentimiento quedó demostrado a lo largo de las jornadas de juicio, en las que los jueces estimaron que fue gracias a la “participación necesaria” de la mujer que Cáceres pudo sostener en el tiempo el ultraje sexual de la menor.
Según se pudo establecer, el sometimiento sexual se inició en 2017 hasta que a comienzos del 2020 la niña, actualmente de 14 años de edad, quedó embarazada de la pareja de su progenitora. Entonces ambos, el hombre y la madre, coordinaron las acciones para que a la menor se le practicara un aborto clandestino, el que finalmente se concretó en los primeros meses del corriente año.
El hecho quedó inscripto como uno de los más aberrantes en la historia criminalística de Ushuaia protagonizado por una mujer hacia su propia hija. Durante el juicio se puso de manifiesto que la persona que debía velar por la indefensa niña por el contrario, la entregó para que su conviviente abusara de ella y luego intentó tapar las consecuencias del hecho, llevándola a que la sometan a un aborto en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida.
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